El Ministerio del Interior ha decidido frenar en seco las labores de recolección con máquinas en la Comunidad de Madrid y en las provincias de Ávila y Toledo. La prohibición estará en vigor mientras se mantenga activa la emergencia de interés nacional declarada por los incendios forestales, y afecta directamente a agricultores y propietarios de fincas que tenían previsto avanzar estos días con la cosecha.
El documento, firmado ayer martes 27 de julio por la tarde por el ministro Fernando Grande-Marlaska, establece la suspensión temporal de toda actividad de cosecha realizada con maquinaria agrícola en los territorios señalados. No se trata de una prohibición indefinida: durará exactamente lo que dure la situación excepcional que se vive actualmente por el riesgo de incendios.
El «por qué» de la medida
El motivo de la medida tiene que ver con el propio funcionamiento de estas máquinas. Una cosechadora puede generar chispas por rozamiento, golpes de piezas metálicas o el calentamiento de sus componentes mecánicos, y eso, en un día cualquiera, sería solo una anécdota. Pero ahora mismo no es un día cualquiera: las temperaturas están disparadas, el ambiente está reseco y los campos están llenos de vegetación fina y seca, el combustible perfecto para que una simple chispa termine convertida en un incendio.
Con este cóctel de calor extremo, poca humedad y hierba seca a punto, cualquier chispa accidental podría iniciar un fuego nuevo justo cuando los equipos de emergencia ya están al límite atendiendo los incendios activos.
Lo que está en juego si aparece un nuevo fuego
El argumento central de Interior es sencillo de entender: si surge un incendio nuevo en plena crisis, habría que sacar bomberos, agentes y medios aéreos de donde están trabajando ahora para mandarlos al nuevo foco. Eso debilitaría el dispositivo que ya está desplegado, con menos gente y menos recursos para proteger a la población, las casas y las infraestructuras que en este momento dependen de esa vigilancia.
Además, no es solo cuestión de mover recursos. Los propios agricultores que trabajen en el campo o cerca de las zonas donde se está actuando contra el fuego correrían un riesgo mayor. Y hay otro problema práctico: las carreteras y caminos que usan camiones, dotaciones y vehículos de emergencia para llegar hasta los incendios o para evacuar a la gente podrían verse bloqueados por la propia maquinaria agrícola en movimiento, complicando la coordinación entre los medios terrestres y aéreos.
Normalmente, todo lo relacionado con los montes y el campo depende de cada comunidad autónoma, no del Gobierno central. Sin embargo, cuando se declara una emergencia de interés nacional, el ministro del Interior puede dar instrucciones que van más allá de una sola región, siempre que sea necesario para proteger el interés general. Esta posibilidad está recogida en el artículo 30 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, y es precisamente el respaldo legal que sostiene esta orden.
