El Ayuntamiento de Tres Cantos ha abierto un expediente sancionador contra los propietarios responsables de los animales identificados en la finca conocida como ‘Aguas claras’, por infracciones administrativas a la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid.
La instalación no está inscrita en el Registro de Centros de Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid, lo que constituye una infracción grave, que puede sancionarse con multas de 3.000 a 9.000 euros, además de medidas como la clausura y cierre de las instalaciones.
La Concejalía de Salud Pública será la encargada de la instrucción del expediente y, además, seguirá investigando la situación y las condiciones higiénico-sanitarias de los animales.
El Pleno del Ayuntamiento decidió, en su última sesión celebrada el último jueves del mes de abril, tratar en el tema en la Comisión de Ciudad que se celebrará hoy día 8 de mayo.
La Concejal de Salud Pública, Fátima Mera, ha reiterado que “Tres Cantos es una de las ciudades de la Comunidad de Madrid que más cuida y protege a los animales y seguiremos trabajando por la concienciación y el respeto, así como la tenencia responsable de animales de compañía”.
Creación de una comisión
La portavoz de Ciudadanos (Cs) Tres Cantos, Araceli Gómez, ha propuesto la “creación de una comisión para aclarar la situación del criadero ilegal de Aguas Claras”, tras conocer la terrible situación en la que estaban los animales en estas instalaciones que no disponían de autorización municipal para la cría.
“Hemos mantenido una reunión con la Concejala de Salud Pública, el técnico del Área y el Jefe de Policía, para que nos explicaran las actuaciones llevadas a cabo, e informarnos sobre el posterior comunicado oficial en el que se advertía sobre el inicio de un expediente sancionador por parte del Ayuntamiento”, ha explicado la concejala, señalando, sin embargo, que “en dicho expediente, no se aludía a la presunta situación de maltrato a los animales denunciada por un particular”.
“Nos pusimos en contacto con dos de las personas que habían sido testigos y denunciantes de la situación, y tras comprobar que la versión dada por el gobierno no coincidía, decidimos solicitar esta comisión”, ha añadido Gómez, defendiendo la necesidad de que “se aclaren, tanto las actuaciones llevadas a cabo, como las cuestiones que se advertían en la denuncia”.
“La propuesta ha sido aceptada por todos los grupos y esperamos que se pueda poner en marcha en el menor tiempo posible”, ha concluido la portavoz
