El Plan Joven del IVIMA, accesible para los mayores de 35 años

Personas mayores de 35 años, divorciados y familias numerosas también podrán acceder a las viviendas protegidas en la Comunidad de Madrid, para lo cual el Ejecutivo regional ha llevado a cabo un cambio de la normativa vigente, según ha explicado el consejero de Presidencia y Justicia y Portavoz del Ejecutivo regional, Salvador Victoria.

Estos cambios permitirán acceder a una vivienda protegida a colectivos que antes no podían beneficiarse de esta ayuda, reducir la  renta en función de las necesidades de cada adjudicatario, fomentar el mercado del alquiler, dar salida al ‘stock’ de pisos disponibles y dinamizar un sector económico clave como es el de la construcción.

Una de las principales novedades es la eliminación del límite de edad para poder optar a las viviendas del Plan Joven, de forma que los mayores de 35 años también podrán beneficiarse de sus condiciones ventajosas.

Hasta ahora, podían optar a estas viviendas los menores de 35 años  que no excedieran 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos  Múltiples (IPREM); pero gracias a este cambio y si existen viviendas disponibles podrán solicitarlas quienes superen esa edad y cumplan el resto de los requisitos.

Con este cambio, la Comunidad de Madrid permite acceder a una  vivienda a aquellas personas que tienen ingresos pero no pueden hacer  frente al pago de un precio de mercado, un problema que antes afectaba sobre todo a los jóvenes pero que en la actualidad se ha extendido a otros grupos de edad.

Opción de compra

Estas viviendas tienen un precio de alquiler más bajo que el de mercado y, además, los arrendatarios pueden optar a comprarla, recuperando un 50 por ciento  del precio de renta ya pagado. El cambio de normativa también incluye una novedad porque hasta ahora el plazo a partir del cual podían ejercer el derecho a compra era de entre cinco y siete años, y ahora podrán hacerlo a partir del primer año.

Además, también está previsto reducir el plazo mínimo de arrendamiento a seis meses, lo que contribuirá a flexibilizar el mercado del alquiler. Por otro lado, la modificación  del reglamento de vivienda protegida también amplía la superficie máxima  de estas viviendas, que pasa de 70 a 80 metros cuadrados.