WWF España ha presentado una queja ante la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea en la que denuncia los incumplimientos de la Directiva relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
En su escrito, WWF España recuerda que la Directiva de hábitats otorgaba a los Estados miembros un plazo de seis años, desde la aprobación de las listas con los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) por regiones, para designar las Zonas de Especial Conservación (ZEC), sus prioridades y aprobar los planes de gestión necesarios para su conservación.
Las listas de las regiones biogeográficas alpina, atlántica, y mediterránea, en las que se incluyen los LIC que afectan a España, ya han sido aprobadas. Sin embargo, en nuestro país no se han designado todas los ZEC, ni definido prioridades, ni aprobado planes de gestión en el plazo legal establecido.
Todavia queda mucho por hacer…
Incluso el propio ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, acaba de lamentar que queda “todavía mucho por hacer”. Y, aunque ha declarado que España realiza «especiales esfuerzos por completar la red marina, así como a la hora de potenciar la declaración de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y de sus medidas de conservación», WWF denuncia no se están realizando dichos esfuerzos y que los plazos para realizar estas acciones están más que vencidos.
Concretamente, la fecha límite para declarar las ZEC y establecer los planes de gestión para la región alpina era el 21 de enero de 2010; para la región atlántica, el 29 de diciembre de 2010; y para la región mediterránea, el 21 de septiembre de 2012.
Coincidiendo con el XX Aniversario de la Directiva Hábitats, WWF denunció públicamente el incumplimiento de esta normativa con su informe La red Natura 2000 en España (Naturómetro 2012). Este estudio pormenorizado sobre los 1.445 LIC propuestos por España, concluye que tan sólo 166 de estos espacios LIC declarados ZEC contaban con los oportunos planes o herramientas de gestión. Esto representa solo el 11% de los LIC. Lo que supone que en el 89% de los sitios red Natura 2000 se han incumplido los plazos establecidos por la Directiva 92/43/CEE de hábitats. Además, en algunos casos, los planes presentados no cumplen con los requisitos de la legislación europea, puesto que se trata de planes redactados bajo otras normativas (como las leyes regionales que regulan las distintas figuras de protección de espacios naturales) que poco tienen que ver con la Directiva Habitats.
El retraso juega en contra de la naturaleza
Por CCAA, tan solo 8 de las 17 analizadas en mayo de 2012 habían aprobado algún plan de gestión para los espacios incluidos en su territorio. Estas son Baleares, Canarias, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Murcia, Madrid y Navarra. Esta situación no mejoró sustancialmente en la segunda mitad de 2012 por lo que WWF España se decidió a poner estos hechos en conocimiento de la Comisión Europea, solicitando que exija a España el cumplimiento de la Directiva.
Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF España, ha declarado: “La creación de la red Natura es una pieza clave para la conservación de la biodiversidad. El retraso en la definición de los planes de gestión supone un claro riesgo de seguir autorizando proyectos como carreteras, urbanizaciones y centros de ocio que ocupan y destruyen estos espacios. Además, dejar de proteger la red Natura significa perder la oportunidad de que la sociedad pueda aprovechar los beneficios ambientales de este tipo de espacios, como la protección frente a sequías, inundaciones, plagas o la conservación de recursos como el agua, especies polinizadoras o cinegéticas, así como lugares para el ocio y el deporte. En términos económicos, estos beneficios equivalen a 200-300 billones de euros al año para España”.
“Gestionar adecuadamente la red Natura 2000 significaría recibir fondos europeos para impulsar actividades tradicionales y mantener el empleo en el mundo rural. Sin embargo, estos fondos no se reciben, en parte, por la ausencia de planes de gestión. Las administraciones no pueden dejar pasar esta oportunidad de recibir subvenciones europeas, especialmente en esta difícil situación económica”, concluye del Olmo.
