El informe que Greenpeace ha presentado, recientemente, ‘Incineración de residuos: malos humos para el clima’ revela, según confirman desde la organización, que las incineradoras de residuos sólidos urbanos (RSU) constituyen una importante fuente de contaminación química y son responsables de casi el 3 por ciento de las emisiones estatales.
«Resulta perverso que se prime la generación de residuos y la emisión de CO2 bajo un envoltorio verde», ha declarado Julio Barea, responsable de la campaña de Contaminación de Greenpeace. «Las incineradoras de RSU emplean ingentes cantidades de combustibles auxiliares como gasóleo o gas natural para que arda la basura, lo que provoca que emitan importantes cantidades de CO2 y quemen recursos naturales», ha añadido Barea.
Las diez incineradoras que hay en España en activo queman, según fuentes de Greenpeace, unos dos millones de toneladas de residuos al año y emiten, en ese mismo, periodo casi 1,7 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Sin embargo, el reciclado de residuos se encuentra en torno al 13 por ciento, muy alejado de otros países de la Unión Europea y del objetivo europeo del 50 por ciento que establece la nueva directiva para 2020.
Esto demuestra, indican desde la entidad, la discreta evolución ambiental que ha sufrido el sector en España. Como se observa en el informe de Greenpeace, el sector del tratamiento y gestión de residuos es el que ha experimentado el mayor aumento de emisiones de gases de efecto invernadero en el periodo 1990-2007 hasta alcanzar un 83 por ciento frente al 62 por ciento del sector de procesado de la energía tradicional.
El estudio, confirman desde este organismo, ofrece argumentos para asegurar que las plantas incineradoras no pueden considerarse como recuperadoras de energía debido a su ineficiente funcionamiento. Respecto al empleo, los puestos de trabajo generados por el sector de la incineración, en comparación con los del sector de la reducción, reutilización y reciclaje, son sustancialmente inferiores. «El próximo sábado 28 es el Día Internacional contra la incineración. Este es un buen momento para que nuestros gobernantes reflexionen sobre este grave problema», ha comentado Julio Barea.
Por su parte, el director de Greenpeace, Juan López de Uralde, ha asegurada que, «actualmente, además de las 10 plantas en funcionamiento, las diferentes comunidades tienen sobre la mesa al menos ocho nuevos proyectos de incineradoras y la ampliación de cuatro (2) instalaciones existentes. En un contexto de lucha contra el cambio climático, no podemos permitirnos seguir subvencionando la emisión de CO2 al tiempo que quemamos recursos”.
Los ciudadanos pagan la factura
Asimismo, según Greenpeace, la incineración supone un tapón para el desarrollo de modelos sostenibles de tratamiento de residuos y constituye un negocio redondo para las empresas. Municipios, mancomunidades o diputaciones pagan unos 60 euros por tonelada tratada, lo que hipoteca así el futuro de las zonas donde se ubican estas instalaciones porque han de garantizar que la planta tenga suficientes residuos para quemar y así hacer frente a los gastos millonarios que implican. En España se incineran unos dos millones de toneladas al año, lo que supone gastar en quemar recursos naturales 120 millones de euros anualmente.
La organización ecologista considera que la única solución eficaz para atajar el grave problema de los residuos es apostar por políticas de prevención, reducción y reciclaje que contribuirían, además, a la reducción de las emisiones de CO2 y que conllevaría descartar la incineración como opción. Para esto sólo sería necesaria una clara voluntad política.
