El Gobierno regional se persona como acusación particular contra el presunto responsable del incendio forestal en El Molar que arrasó más de 200 hectáreas el pasado verano. La administración autonómica exigirá la devolución de los 132.000 euros empleados en la extinción.
Una acción legal para recuperar los costes del siniestro
La Comunidad de Madrid ha decidido tomar medidas judiciales contra el presunto autor del incendio forestal ocurrido el 5 de agosto de 2024 en la zona de La Atalaya, entre los municipios de El Molar y Pedrezuela. Este devastador suceso calcinó más de 200 hectáreas de monte en El Molar y pasto, además de afectar a fincas rústicas y provocar la muerte de ganado caprino y ovino.
El Consejo de Gobierno ha autorizado la personación de la administración autonómica como acusación particular en la causa judicial en curso. El Ejecutivo regional reclama al presunto responsable la devolución de los costes derivados de la intervención de los servicios de emergencia, que ascienden a 132.624 euros.
El impacto del incendio: desalojos y recursos desplegados
El incendio de La Atalaya no solo causó daños ecológicos y económicos, sino que también obligó a la evacuación de numerosas personas y al confinamiento de vecinos debido a la densidad del humo. Las altas temperaturas y el viento dificultaron las labores de extinción, lo que obligó a un despliegue de gran envergadura por parte del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.
Para combatir las llamas, se movilizaron 87 efectivos, además de medios aéreos y terrestres. En total, participaron cinco helicópteros -tres bombarderos y dos de coordinación-, así como maquinaria pesada, incluyendo dos buldóceres y un dron
Marco legal y procedimiento judicial en curso
La personación de la Comunidad de Madrid en el proceso judicial se ampara en la Ley autonómica del Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias. Esta normativa permite a la administración autonómica actuar como parte afectada en delitos que impliquen un perjuicio económico y medioambiental para la región.
El Juzgado de Instrucción n.º 1 de Alcobendas ya ha iniciado las diligencias previas por un presunto delito de daños. La investigación determinará las responsabilidades del acusado y la posible aplicación de sanciones económicas o penales.
Reflexión: ¿Son suficientes las medidas para evitar incendios?
Este caso reabre el debate sobre la efectividad de las medidas de prevención de incendios forestales. A pesar de los esfuerzos en materia de vigilancia y sensibilización, los incendios continúan siendo una amenaza recurrente. La actuación judicial de la Comunidad de Madrid sienta un precedente sobre la exigencia de responsabilidades económicas a quienes provocan siniestros de este tipo, pero ¿será suficiente para disuadir futuros incidentes?
