La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para el exalcalde de Navalcarnero por compras a dedo de granito histórico
El exregidor Baltasar Santos fraccionó contratos millonarios con la empresa Antigüedades Fernández sin abrir expediente administrativo. Las adquisiciones de piedra natural y ornamentos de los siglos XII a XIX alcanzaron los tres millones de euros. La Cámara de Cuentas y la Comisión Jurídica Asesora certificaron la vulneración sistemática de la legislación pública.
El extenso historial de irregularidades administrativas en el Ayuntamiento de Navalcarnero suma un nuevo capítulo penal ante la Audiencia Provincial de Madrid. La fiscalía ha formulado escrito de acusación contra el histórico exalcalde de la localidad, Baltasar Santos González, para quien reclama una condena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación administrativa. La causa examina la compra masiva y directa de piezas singulares de granito antiguo por valor de más de tres millones de euros eludiendo todos los controles de fiscalización.
¿Es legal que un alcalde comprometa millones de euros en ferias de arte prescindiendo por completo de los órganos técnicos y del pleno municipal? La acusación del ministerio público sostiene que entre los años 2006 y 2009 el dirigente popular formalizó compras verbales y directas a la mercantil Antigüedades Fernández para adquirir elementos arquitectónicos labrados en piedra natural datados entre los siglos XII y XIX. Las adquisiciones se cerraron personalmente tras visitas a las instalaciones del anticuario o durante certámenes comerciales como FERIARTE y ALMONEDA.
Contrataciones verbales y facturas fraccionadas
Para sortear las exigencias de publicidad y concurrencia pública, el entonces alcalde orquestó un fraccionamiento sistemático de las facturas. El objetivo de este mecanismo era mantener los pagos formalmente por debajo del umbral de los contratos menores de suministros, fijado legalmente en 18.000 euros, a pesar de que los presupuestos globales alcanzaban sumas de 900.000 euros o más de 2,5 millones de euros por lote.
La operativa eludió cualquier trámite preceptivo. El Ayuntamiento no tramitó expedientes de gasto ni recabó los informes previos de la intervención municipal que debían acreditar la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente. Las compras se realizaban de palabra y la emisión de las facturas se aplazaba deliberadamente hasta que desde el consistorio se autorizaba su cobro en los importes requeridos. En 2015, el propio interventor accidental reconoció facturas pendientes por más de 734.000 euros vinculadas a estos suministros de piedra.
El demoledor dictamen de la Cámara de Cuentas
La fiscalía recalca que el volumen económico de las operaciones reservaba la competencia exclusiva de adjudicación al pleno municipal y no a la alcaldía de forma unilateral. Los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid correspondientes a esos ejercicios certificaron el incumplimiento manifiesto de la Ley de Contratos del Sector Público y de las propias instrucciones internas municipales.
A estas conclusiones se añadieron peritajes técnicos que revelaron que los precios facturados por el material de granito eran elevados y en varios casos desproporcionados con respecto a su valor real. La Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid dictaminó la procedencia de incoar la revisión de oficio del contrato y, en octubre de 2018, el pleno consistorial acordó finalmente declarar la nulidad de pleno derecho de todos los suministros de granito. La fiscalía concluye que el acusado actuó en claro fraude de ley y a sabiendas de la ilegalidad de las resoluciones adoptadas.
