La fiscalía destapa el expolio continuado de arte califal andaluz vendido en galerías de Madrid y Barcelona
Una compleja trama familiar dedicada al expolio y blanqueo de piezas arqueológicas protegidas ha sido sentada en el banquillo por el ministerio público. El entramado introdujo en el mercado comercial auténticas joyas del arte andalusí simulando herencias ficticias protocolizadas ante notario. La Audiencia Provincial de Madrid juzgará a los seis implicados por delitos de receptación agravada de patrimonio histórico y grupo criminal.
El negocio clandestino del patrimonio histórico ha encontrado durante años una vía de escape en el circuito comercial gracias a refinadas operaciones de maquillaje documental. Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía Provincial de Madrid, tres hermanos articularon una estructura delictiva estable asentada en Granada para apoderarse de vestigios arqueológicos protegidos de titularidad pública. La operativa no solo esquivaba los rigurosos controles demaniales de la Junta de Andalucía, sino que utilizaba redes notariales y testaferros familiares para dotar de una falsa apariencia de legalidad a capiteles califales, piezas nazaríes y ajuares visigodos de valor incalculable.
¿Cómo es posible que piezas procedentes del expolio sistemático de yacimientos históricos terminen luciendo en los escaparates de ferias oficiales de arte como Feriarte? La investigación policial y judicial acredita que entre 2015 y 2022 los acusados hicieron de este tráfico ilícito su principal medio de vida. Mediante compras opacas, falsas manifestaciones de herencias familiares y la connivencia de un galerista con negocio abierto en Barcelona, el colectivo logró despojar a los yacimientos públicos de elementos arquitectónicos singulares para convertirlos en dinero en metálico difícil de rastrear.
El engranaje del blanqueo de antigüedades
Para dar salida a los bienes expoliados en Andalucía, los principales cabecillas necesitaban romper el cordón sanitario que la Ley de Patrimonio Histórico Español impone sobre las piezas de dominio público. Ninguno de los investigados figuraba inscrito en el registro oficial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para acreditar posesiones anteriores a la normativa demanial. La solución que idearon consistió en acudir a diversas notarías de Granada acompañados de colaboradores que declaraban, bajo manifestación protocolizada, que las piezas procedían de supuestos bisabuelos o herencias familiares que jamás existieron.
Con estas actas notariales de conveniencia como salvoconducto, el anticuario barcelonés implicado en la trama asentaba las compras en su libro-registro de operaciones. A partir de ese momento, el rastro ilícito quedaba formalmente desdibujado. Las piezas se derivaban de inmediato a coleccionistas privados o a galerías de prestigio madrileñas. Para cobrar las transferencias bancarias, la red recurría a esposas e hijas como testaferros, quienes retiraban rápidamente el dinero en efectivo en ventanilla para entregárselo a los dirigentes del grupo criminal.
Joyas califales de Medina Azahara y broches visigodos
El inventario de las obras intervenidas y analizadas por los técnicos del Museo Arqueológico Nacional revela el alcance cultural de la depredación. Destacan tres capiteles genuinos del siglo X procedentes de los talleres califales de Madinat al-Zahra, tasados en conjunto en 95.000 euros, que llegaron a exponerse al público en la feria FERIARTE de Madrid en noviembre de 2021. Fue precisamente esa exhibición en un escaparate ferial la que hizo saltar las alarmas de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, iniciando la causa penal.
Entre el resto de piezas recuperadas figuran una basa califal de mármol cordobés, un aplique escultórico en forma de cabeza de león del siglo X, y cuatro excepcionales broches de cinturón con mosaico de celdillas del siglo VI procedentes de la emblemática necrópolis visigoda de Castiltierra, en Segovia. La trama también traficó con una valiosa viga de madera del siglo XIV tallada bajo el reinado nazarí de Yusuf I, valorada en 80.000 euros, un canecillo mudéjar con figura zoomorfa y una singular estela funeraria taifa fechada en el año 1034.
Peticiones de cárcel e inhabilitación profesional
El ministerio fiscal considera que los seis acusados son autores materiales de sendos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Para los tres principales responsables de las operaciones y el galerista receptor solicita penas que suman seis años de prisión para cada uno de ellos, así como multas individuales de 600.000 euros y doce años de inhabilitación especial para comerciar con antigüedades. Para las tres colaboradoras que actuaron como vendedoras interpuestas y redactoras de los contratos ficticios reclama penas de tres años de cárcel y multas de hasta 100.000 euros.
El escrito de acusación interesa asimismo el comiso definitivo de todos los bienes recuperados, solicitando que se declare formalmente su condición de dominio público y se devuelvan a la Junta de Andalucía para su custodia en museos públicos, salvo los broches visigodos segovianos, cuya entrega se reserva al Ministerio de Cultura. ¿Bastará este golpe judicial para desincentivar un mercado negro que sigue drenando las raíces históricas de los yacimientos españoles?
