La ‘Plataforma Eurovegas No’ denuncia la opacidad informativa con la que las Administraciones están celebrando las negociaciones con el inversor Sheldon Adelson, presidente de Las Vegas Sands Corp.
La Plataforma informa sobre las condiciones de precariedad en las que se desarrollarían los empleos que prevé la Administración pública, ya que una de las exigencias que el inversor estadounidense impone es la anulación del Estatuto de los Trabajadores y las garantías que éste supone. Una de las portavoces, Ana Sanz, destaca la violación de los derechos laborales y sindicales derivados de la puesta en marcha de este proyecto: “los 261.000 puestos de trabajo que se han estimado ha generado falsas expectativas en la población, pero son datos escasamente argumentados. Las cifras no están basadas en prospectivas reales, por lo que habría que preguntarse qué intereses hay detrás de este proyecto, además de qué tipo de empleo y en qué condiciones lo están ofreciendo. Hay que fijarse en el calidad”.
Otra de las cuestiones que este grupo denuncia son las transformaciones que la Administración está dispuesta a asumir es la exención de algunos impuestos, como el pago de las cuotas a la seguridad social y la liquidación del IVA, entre otros.
Carlos Ruiz, otro portavoz de la Plataforma Eurovegas No, destaca que el proyecto supone nuevamente “la cesión de derechos sociales y económicos en favor del capital como fórmula neoliberal en un contexto de crisis económica, social, energética y también democrática”. Añade también que “los expertos valoran el fraude fiscal en 70.000 millones de euros, además de que viola los principios constitucionales y no supone una mejora en términos de redistribución de la riqueza”.
Este macrocomplejo también es un ejemplo palpable del modelo socioeconómico actual que destruye el medioambiente y atenta contra los derechos sociales. Los impactos medioambientales que supondría el proyecto en materia medioambiental son: la sobreexplotación y el cambio de uso de recursos, el incremento de residuos y la posible afección a espacios naturales protegidos. Cristina Fernández destaca al respecto que “el coste energético de las máquinas tragaperras equivaldría a la energía consumida por toda la población de Majadahonda”, según cálculos de la propia Plataforma.
La Plataforma popular señala que, en contraposición a lo que aventuran las voces oficiales, Eurovegas supondría un riesgo de apertura a las mafias vinculadas con la trata de mujeres y niñas, como ya ocurre en otros complejos de ocio parecidos. “¿Eurovegas compensa la destrucción ambiental y la violación de derechos sociales que conlleva, teniendo en cuenta que los beneficios solo van a parar a una minoría?”, reflexiona Cristina Fernández.
Desde esta plataforma informan que su cometido es visibilizar los impactos socio ambientales que este proyecto podría causar. La Plataforma Eurovegas “no está de acuerdo con el empleo a cualquier precio ni con la instalación de una zona franca favorecedora del blanqueo de capitales y del beneficio económico a toda costa. Por ello, exigimos la apertura de espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones”.
Esta plataforma está formado por la Asociación Libre de Abogados (ALA), ATTAC, Ecologistas en Acción, Foro de Turismo Responsable, Grupo de Economía de Sol del 15M, Sindicato de Arquitectos, GRAMA, FRAVM, CCOO Madrid, Asamblea de Desempleados de Sol, Access Info Europe, ACSUR, Asamblea Popular de Alcorcón 15M, ARBA, El Soto y Jarama Vivo.
