Los pagos a proveedores comienzan de nuevo a alargarse, el plan aprobado por el Gobierno para agilizarlos parece que sirvió a corto plazo, pero actualmente comienzan a acumularse nuevamente facturas impagadas correspondientes a 2012, según afirma la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha hecho balance del Plan de Pago a Proveedores aprobado por el Gobierno el pasado febrero para abonar facturas pendientes de Ayuntamientos y CC.AA. En opinión de su portavoz, Antoni Cañete, “se trató de una medida necesaria y novedosa que generó expectativas y aplausos entre los analistas; su ejecución, que provocó un sentimiento de satisfacción generalizado entre los afectados, fue todo un éxito en cuanto a rapidez, organización y oportunidad, cobrándose deudas en algunos casos muy antiguas”.
No obstante, “los pagos se produjeron de manera puntual, singular y sin continuidad, por lo que, según las estimaciones de nuestros analistas, las Administraciones Públicas han comenzado a acumular nuevamente facturas impagadas correspondientes a 2012, volviéndose así a alargar los plazos por encima de lo que se puede considerar razonable y de lo que estipula la Ley para este 2012 (40 días), y para el año que viene (30)”, advierte.
A esto hay que sumar “la situación derivada de lo que ya advertimos en su día sobre que la medida sólo sería realmente efectiva si el dinero llegaba hasta el último eslabón de la cadena productiva, y no lo ha hecho en todos los casos, porque no se consiguió asegurar el cobro de las subcontratas, esto es, de los proveedores de los proveedores. Aun hoy hay subcontratas que continúan a la espera de cobrar por parte de aquellos que sí han recibido el dinero de las Administraciones. No todos se han visto beneficiados de un plan que es de todos y todos pagan”, lamenta.
En lo que se refiere a la situación en el sector privado, “ésta no es distinta. Tampoco ha mejorado en los últimos meses, tendiendo a alargarse también los plazos de pagos entre las empresas, por encima de los 75 días que la Ley establece para este 2012, y los 60 para el año que viene”, añade el portavoz de la PMcM.
Por su parte, el presidente de la entidad, Rafael Barón, señala que “todo esto redunda en el empeoramiento de nuestra competitividad y el deterioro de la ya muy delicada situación de liquidez de las empresas, con cierres de empresas y la consiguiente pérdida de empleo”.
En su opinión, “una vez reconocido el enorme esfuerzo realizado por el Gobierno con el Plan de Pago a Proveedores, hay que evitar volver atrás y recaer en situaciones similares. Es una oportunidad de oro para atajar el problema incluyendo en la Ley medidas coercitivas que permitan reducir de manera eficiente los plazos de pago y que agilicen los procedimientos de reclamación”.
