El Gobierno regional ha alzado la voz contra el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. En el centro de la controversia se halla una deuda que supera los 250 millones de euros con el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid (CRTM). Esta situación, según el Ejecutivo autonómico, compromete seriamente la estabilidad del sistema de transporte público madrileño y la de sus operadores.
El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ha tomado la iniciativa formalizando la petición mediante una carta dirigida al ministro Óscar Puente. La misiva subraya la urgente necesidad de saldar este compromiso económico. García Martín ha sido tajante al respecto, manifestando que el Ministerio de Transportes “nos debe más de 250 millones de euros” y que esta falta de liquidez “está poniendo en situación muy comprometida al Consorcio Regional de Transportes, pero también al resto de operadores, que lógicamente forman parte de la red de transportes en nuestra región”. La regularización de esta deuda se considera vital para la buena marcha del servicio que utilizan a diario millones de vecinos de la Comunidad de Madrid.
Inversiones estancadas y la petición de celeridad
Más allá del reclamo económico, la Comunidad de Madrid insta al Gobierno central a actuar con premura en la ejecución de las inversiones contempladas en el Plan de Cercanías (2018/2025). Los viajeros habituales han experimentado de primera mano la necesidad de modernización y mejoras en la red. La parálisis en la implementación de estas obras programadas añade una capa de preocupación a la financiación, afectando la calidad del servicio de movilidad en la región.
Congelación de la financiación ordinaria: el desequilibrio de las aportaciones
Otro punto crucial abordado en la carta es la congelación de la aportación ordinaria que el Estado destina al transporte de la región. Desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia, la contribución de la Administración General del Estado se ha mantenido fija en 126,89 millones de euros. Este estancamiento contrasta con el incremento de la demanda y el coste de mantener la vasta red de transporte público.
La Comunidad de Madrid quiere destacar el marcado desequilibrio en la financiación del sistema. En estos momentos, la Administración General del Estado es la que menos contribuye, aportando solo un 6,33% del coste total. Este porcentaje palidece frente a la carga económica principal que recae sobre las administraciones madrileñas. La Comunidad de Madrid asume el 79% de la financiación, mientras que el Ayuntamiento de Madrid se hace cargo del 12,68%.
Madrid frente a otras autonomías: una comparativa en cifras
Para ilustrar la disparidad en el trato, el consejero García Martín ha ofrecido una comparativa con otras regiones. Mientras la subvención a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona ha experimentado un crecimiento del 51% y la asignada a Canarias ha ascendido un 90%, la de Madrid “no ha aumentado ni un solo euro”, según ha trasladado García Martín.
La exigencia de una financiación justa y proporcional
La misiva no solo reclama el pago de la deuda, sino que también mira al futuro con la demanda de una revisión al alza de la financiación ordinaria asignada al CRTM. El objetivo es que se establezcan “criterios objetivos y proporcionales al volumen real de servicio y demanda del sistema madrileño de transporte público”, tal y como recoge literalmente la carta enviada al Ministerio.
La Comunidad de Madrid insiste en que esta revisión es necesaria, a pesar de las “ayudas que de forma coyuntural ambas administraciones hemos financiado para reducir el precio del transporte público”. Lo que se busca es una solución estructural y permanente para asegurar la sostenibilidad del sistema de transporte público a largo plazo. Los madrileños esperan que las administraciones logren un acuerdo para garantizar la calidad y el futuro de su movilidad.
