La marea verde, compuesta por padres, alumnos y profesores, vuelven a las calles españolas para protestar, una vez más, contra el proyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que consideran «retrógrado, clasista, excluyente y segregador».
El adelanto de los itinerarios hacia la Formación Profesional o el Bachillerato, las reválidas, la eliminación de Educación para la Ciudadanía y la vuelta de una alternativa «dura» (Ética) para la asignatura de Religión, el «apoyo» a la enseñanza privada y «segragadora» por sexo, el «ataque» a las lenguas cooficiales o la falta de una memoria económica que acompañe a la ley son las principales quejas de esta plataforma contra la futura reforma educativa.
Todas las capitales de provincia contarán con marchas convocadas por la Plataforma Estatal en Defensa de una Escuela Pública -integrada por las federaciones de Enseñanza de CC.OO y UGT, STES-i, CGT, la Confederación Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) y el Sindicato de Estudiantes, entre otras organizaciones.
Concretamente, en Madrid, la marcha arrancará a las 18.00 horas en la plaza de Neptuno y terminará en la puerta del Sol. «Esperemos que tomen nota el ministro y haya un nuevo documento que recoja el clamor de la calle. No nos van a parar. Nos uniremos toda la comunidad educativa en defensa de la educación», ha advertido este lunes el secretario general de FE-CC.OO, José Campos, durante la presentación de la marcha.
¿Hacia una educación de pago?
El secretario general de FETE-UGT, Carlos López Cortiñas, ha defendido la convocatoria de movilizaciones en contra de las «bases ideológicas» de una ley que prima el sálvese quien pueda y «el que quiera calidad de enseñanza, que se la pague». Según ha indicado, el Gobierno con su reforma elimina la cohesión y la igualdad de oportunidades del sistema educativo.
Para el secretario general del Sindicato de Estudiantes, Thoil Delgado, el departamento de José Ignacio Wert guarda una «memoria económica oculta» para el sistema educativo, que va a suponer el «recorte de 11.000 millones de euros» en la enseñanza pública, de los que, según ha dicho, ya se han recortado más de 4.000 «en menos de seis meses» y que han supuesto el despido de 50.000 profesores. «El Gobierno tiene pendiente recortar otros 7.000 millones que llevarán al cierre de centros públicos. No exageramos cuando hablamos de desmantelamiento de la enseñanza pública», ha advertido.
Por último, el portavoz de CGT, Feli García, ha apostado por mantener el «nivel de combate para frenar lo que es un ataque en toda regla a la enseñanza pública en favor de la privada-concertada, el modelo de copago de la enseñanza». Asimismo, ha advertido de que el Gobierno quiere poner a la enseñanza «al servicio de un modelo económico, cuyo eje principal es la competitividad».
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