Los municipios españoles están adoptando medidas cada vez más innovadoras para mantener las calles limpias y sancionar a los propietarios de perros que no cumplen con sus obligaciones. Uno de los sistemas que ha captado la atención de más de 80 ayuntamientos es la creación de una base de datos de ADN canino, que permite identificar a los dueños incívicos que no recogen los excrementos de sus mascotas. Esta tecnología, aunque prometedora, ha generado un debate entre sus defensores y quienes cuestionan su efectividad y viabilidad.
¿Cómo funciona este sistema de ADN?
El sistema se basa en la recolección de muestras de saliva de los perros censados en un municipio. Con estas muestras, se crea una base de datos con el perfil genético de cada animal. Cuando los agentes de la Policía Local encuentran excrementos en la calle, recogen una muestra y la envían a un laboratorio para identificar al responsable. Según Enrique Perigüell, CEO de ADN Canino, la empresa que ha desarrollado este sistema, este método permite no solo sancionar a quienes no recogen las heces, sino también identificar perros robados o abandonados que hayan sido despojados de su microchip.
¿Es necesario el ADN canino?
La Ley de Bienestar Animal en España obliga a registrar a las mascotas en un censo autonómico, pero no especifica nada sobre la identificación mediante ADN. Esto ha llevado a varios ayuntamientos a modificar sus ordenanzas para hacer obligatorio el registro genético de los perros. De esta manera, se busca garantizar que todos los perros estén fichados, lo que permite a los municipios mantener las calles limpias y seguras.
Sin embargo, esta medida no ha estado exenta de críticas. El Colegio de Veterinarios de Madrid ha expresado sus reservas sobre la necesidad y conveniencia de este sistema. Según ellos, la identificación por ADN no solo es costosa, sino que también podría interferir con los avances logrados con el sistema actual de microchips, que ha sido fundamental en la reducción del abandono animal.
¿Una solución costosa?
El coste de la implementación de este sistema no es despreciable. Cada análisis de heces tiene un coste aproximado de 40 euros, lo que sumado a la inversión en personal para recolectar las muestras y gestionarlas, podría representar una carga significativa para los municipios y, en última instancia, para los contribuyentes. Por otro lado, las multas por no recoger los excrementos de los perros rondan los 300 euros, una suma considerable que podría disuadir a los propietarios incívicos.
No obstante, algunos expertos advierten que el sistema de ADN canino no solo es caro, sino que también podría no ser tan efectivo como se espera. Además, la implementación de este sistema requiere de la colaboración de los veterinarios locales, lo cual no está garantizado en todos los municipios.
¿Un sistema complementario o redundante?
La identificación de perros mediante microchips ha demostrado ser efectiva para localizar a animales perdidos y reducir el abandono. Entonces, surge la pregunta: ¿Es realmente necesario un sistema de ADN para complementar el sistema de microchips? Según los defensores del ADN canino, este método ofrece una herramienta adicional para garantizar el cumplimiento de las normas, pero sus detractores argumentan que podría resultar redundante y costoso.
Además, la creación de una base de datos de ADN canino podría generar conflictos con las bases de datos autonómicas ya existentes, lo que podría complicar la gestión de la información y reducir la eficacia del sistema.
¿Qué opinan los ciudadanos?
Aunque el sistema de ADN canino ha sido bien recibido por algunos municipios, su aceptación entre los ciudadanos es diversa. Algunos consideran que es una medida necesaria para garantizar la limpieza de las calles y mejorar la convivencia en las ciudades, mientras que otros lo ven como una invasión a la privacidad y una carga económica innecesaria.
La pregunta que queda en el aire es si este sistema será adoptado de manera generalizada en toda España o si quedará relegado a un experimento en algunas localidades. Lo cierto es que la tecnología ofrece soluciones innovadoras, pero su implementación debe ser cuidadosamente evaluada para garantizar que se logre el equilibrio entre eficacia, coste y respeto por los derechos de los ciudadanos.
