El Partido Animalista (PACMA) ha presentado una propuesta al Gobierno para la modificación urgente del Real Decreto 666/2023, una normativa que ha generado controversia y malestar tanto entre veterinarios como entre propietarios de animales de compañía. La organización considera que esta normativa, que busca adaptar la legislación española al Reglamento Europeo sobre medicamentos veterinarios, presenta inconsistencias graves que afectan tanto a la salud animal como a la accesibilidad de los tratamientos.
El 666/2023 fue aprobado con la intención de regular la distribución, prescripción y uso de medicamentos veterinarios en el país, alineándose con las directrices europeas. Sin embargo, PACMA ha señalado que existen puntos de fricción con la normativa europea. La propuesta inicial, que establece la obligación de notificar todas las prescripciones veterinarias a través de un sistema informático (PRESVET), ha incluido a los animales de compañía en la misma categoría que los animales de granja. Sin embargo, el Reglamento Europeo excluye explícitamente a los animales de compañía de esta obligación, dado que no se observan los mismos problemas de abuso de antibióticos en este tipo de animales.
Según PACMA, la Unión Europea está enfocada en combatir la resistencia antimicrobiana, un problema global derivado del uso excesivo de antibióticos en la industria ganadera. No obstante, este abuso no afecta a los animales de compañía, por lo que la legislación europea no requiere su inclusión en los registros obligatorios, algo que el Real Decreto 666/2023 ha impuesto a pesar de la contradicción.
¿Un decreto que está costando vidas animales?
PACMA también ha destacado otro aspecto alarmante del Real Decreto: la exigencia de realizar pruebas de identificación de patógenos y de sensibilidad a los antibióticos para administrar ciertos medicamentos. Sin embargo, la legislación europea establece que no es necesario esperar los resultados de estas pruebas, sobre todo si el antibiótico ya ha sido aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos.
La exigencia de realizar pruebas para todos los casos ha provocado retrasos en el tratamiento de animales, lo que podría resultar fatal para algunos de ellos. PACMA considera que esta imposición es desproporcionada y que pone en peligro la salud de los animales, ya que se requiere más tiempo para la administración de medicamentos, lo que a menudo no es compatible con las urgencias veterinarias.
Problemas adicionales para animales no identificados
Además de los puntos anteriores, otro de los inconvenientes señalados por PACMA es la exigencia de identificar a los animales y sus responsables para poder administrarlos medicamentos veterinarios sujetos a prescripción. Esta disposición genera una barrera considerable para el tratamiento de animales no identificados, como los gatos comunitarios o animales abandonados, quienes no suelen contar con un microchip o registro formal.
A diferencia de la normativa española, la legislación europea no impide la administración de tratamientos a estos animales si el veterinario lo considera necesario, lo que supone una gran diferencia en cuanto a la protección de la sanidad animal y el acceso a cuidados médicos.
PACMA exige una reducción del IVA sobre los servicios veterinarios
Además de las modificaciones urgentes al Real Decreto 666/2023, PACMA ha insistido en la necesidad de reducir el IVA que grava los servicios veterinarios del 21% al 4%, un cambio que consideran crucial para garantizar que los servicios veterinarios sean accesibles para todas las familias. La formación animalista argumenta que, mientras se aprueban normas para mejorar la salud animal, al mismo tiempo se mantiene un tipo impositivo elevado que limita el acceso a cuidados médicos esenciales.
Un llamado a la acción
El Partido Animalista ha solicitado al Gobierno que modifique el Real Decreto 666/2023 de manera urgente, adaptándolo a las exigencias del Reglamento Europeo y garantizando que los animales de compañía no sufran las consecuencias de una normativa inapropiada. A través de esta modificación, PACMA busca garantizar tanto la salud de los animales como el acceso adecuado a tratamientos veterinarios, sin generar barreras innecesarias para los propietarios de mascotas o para los profesionales del sector.
