SATSE Madrid reclama que enfermería sea autoridad pública. 8 de cada 10 enfermeras han sufrido a lo largo de su ejercicio profesional algún tipo de agresión ya que ésta no sólo puede ser física sino también verbal.
Castilla y León ya ha regulado el reconocimiento del personal de enfermería como autoridad pública y Extremadura y Andalucía han afirmado que lo implantarán próximamente pero en Madrid, una de las comunidades autónomas con mayor número de profesionales de enfermería en activo, «parece ser un tema secundario para el Gobierno regional» señalan desde SATSE.
Y todo ello a pesar del compromiso del Consejo Interterritorial de junio pasado en el que todos los responsables sanitarios se comprometieron a promover una ley que estableciera que los empleados públicos que trabajan en centros e instituciones del Sistema Nacional de Salud (SNS) sean considerados autoridad. En la Comunidad de Madrid la resolución del Interterritorial es, a día de hoy, papel mojado.
Más de 30.000 profesionales han sufrido agresiones
Entre 2008 y 2012, según datos del Ministerio de Sanidad, más de 30.000 profesionales sufrieron agresiones en España. En el caso de Enfermería, según un informe elaborado por el Grupo de Trabajo de Agresiones a Profesionales del Sistema Nacional de Salud, han sido 9.296 los profesionales que han denunciado en esos años. En concreto, en 2012 último dato conocido, fueron 1.958 las denuncias presentadas por los profesionales de enfermería.
Según indica este informe, sólo se denuncian un 11% de las agresiones sufridas, por lo que la cifra total de profesionales agredidos realmente en estos años sería cercana a los 82.000 en todo el Estado, apunta SATSE Madrid, quien recuerda que 8 de cada 10 enfermeras han sufrido en algún momento de su vida profesional una agresión verbal o física.
El hecho de ser considerado “autoridad pública reforzaría la autoridad del profesional de enfermería, fomentando la consideración y respeto necesario y propiciando, con el paso del tiempo, un menor número de agresiones, especialmente al dejar de ser consideradas faltas y pasar a ser delitos.
Por otro lado, SATSE Madrid cree que la “Comunidad de Madrid debe hacer un esfuerzo especial a la hora de facilitar el necesario apoyo, defensa y asesoramiento jurídico al afectado, para que no sea el profesional afectado el que tenga que soportar los costes del asesoramiento o, en su caso, la denuncia”.
