El partido ecologista EQUO, insiste en que España no necesita más capacidad gasística, y se insiste en la necesidad de cumplir la ley, acatar la sentencia del Tribunal Supremo y demoler la regasificadora del Musel, además de reclamar el dinero público avanzado a la empresa propietaria.
El proyecto de Real Decreto, remitido por el Ministerio de Energía a la CNMC, legitima la construcción de infraestructuras sin que tengan más utilidad que construirlas y cobrarlas a costa del recibo que pagan los consumidores.
El RD parte del supuesto de que hay sobrecapacidad en la entrada de gas en el sistema energético español. Esto supone un gasto elevado y, dado que se ha conseguido reducir al mínimo el déficit de tarifa, la entrada en funcionamiento de una nueva planta supondría mayores gastos, con el consiguiente riesgo de aumento del déficit de tarifa.
Para superar esa contradicción, pretende sacar del sistema gasístico a las regasificadoras que entiende como amortizadas, estableciendo un plazo de diez años de amortización. Aquellas con más de diez años estarían amortizadas y saldrían del sistema sin tener que pagar su amortización.
Este planteamiento, según EQUO, es absurdo, puesto que significa que se construyen plantas con un coste de cientos de millones de euros para que sólo tengan una vida útil de diez años. «Legitima así la tendencia a la construcción de infraestructuras con el único fin de ponerlas en pie, con la consiguiente ganancia para las empresas constructoras, sin solucionar ni dar utilidad al sistema, a las empresas gasísticas y mucho menos a los consumidores, sobre quienes recaen los costes de estas operaciones.»
«La política energética no puede basarse en crear una burbuja de instalaciones millonarias sin uso, sino en ser más eficientes y aprovechar los recursos renovables de nuestra tierra.»
