Arranca una semana de lucha contra el nuevo anteproyecto de Ley educativa. Los padres, alumnos y profesores inician este lunes una ‘semana de lucha’ para reclamar la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y volverán manifestarse este jueves, coincidiendo con una reunión entre el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, con los consejeros autonómicos del ramo en la Conferencia Sectorial de Educación.
Además, los días 5, 6 y 7 los alumnos de Secundaria de 1.150 centros están llamados a la huelga y el día 6, a las 12.00 horas, a «más de cien» manifestaciones. En Madrid recorrerá el centro de la ciudad, desde Atocha hasta la Puerta del Sol.
El portavoz del Sindicato de Estudiantes, Thoil Delgado, celebra el «respaldo» de profesores y padres a las movilizaciones para pedir la retirada de la «contrarreforma» educativa. Además, advierte de que si el día 9 el Gobierno no ha hecho caso a sus peticiones, coordinará una respuesta «más contundente», uniéndose a los estudiantes universitarios.
En esta ocasión, la Confederación de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) apoyará las protestas, pero no la huelga, como hizo el pasado 18 de octubre.
Los sindicatos de enseñanza FE-CC.OO, FETE-UGT, STES-i y CGT, entre otras organizaciones pertenecientes a la Plataforma, manifiestan también su respaldo a la semana de lucha de los alumnos de Secundaria y participarán con su presencia en las manifestaciones del jueves 7.
Reunión de Wert con consejeros
Por su parte, el ministro de Educación se reúne el próximo jueves con los consejeros autonómicos del ramo en la Conferencia Sectorial de Educación para debatir sobre la memoria económica que acompaña al anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que estima que el Estado tendrá que aportar 480 millones de euros para sufragar los costes directos de implantación para los tres primeros años, cinco veces más de lo previsto inicialmente.
Se prevé que el debate se centre en los costes indirectos de la ley, como el trasvase progresivo de alumnos hacia los ciclos de Formación Profesional –una enseñanza más cara que el Bachillerato–, pues el Gobierno pretende que lo asuman las autonomías, aunque está abierto a la negociación, tal y como avanzó la semana pasada la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio.
Nueva ley en 2015-2016
El Ministerio de Educación se plantea que la puesta en marcha de la nueva ley sea en el curso 2014-2015, incluso no descarta que sea en el 2015-2016. Asimismo, en el texto de la memoria económica enviado a las comunidades autónomas, se indica que este departamento asumirá con cargo a su propio presupuesto «la financiación de los gastos directamente relacionados con la implantación de la ley».
No obstante, advierte de que tendrá en cuenta el programa de consolidación fiscal del Gobierno de España para los ejercicios 2013-2014 y añade que el coste estimado de implantación de la ley es «muy limitado» para una reforma de esta «envergadura» y en el medio plazo «esta prevista la reducción de estos costes».
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