Cristina Cifuentes ha informado de que la Comunidad de Madrid declarará el Teatro Albéniz Bien de Interés Patrimonial tras la reunión del Consejo de Gobierno. Esta declaración de Bien de Interés Patrimonial supone que el inmueble tiene una significación especial que merece un reconocimiento y una protección respecto al resto de bienes de Patrimonio Histórico, aunque el bien no cuente con valores excepcionales.
Se trata de una figura recogida en la Ley de Patrimonio Histórico de 2013 con la que quiere reconocer que el edificio tiene valores arquitectónicos y artísticos y que ha sido sede de una importante actividad cultural en el pasado.
En este sentido, Cifuentes ha resaltado la importancia de esta declaración de BIP del Teatro Albéniz pues, en caso de no llevarse a cabo, “el inmueble en su conjunto quedaría desprotegido y a merced de la voluntad de los propietarios”.
Además, el Ayuntamiento estaría obligado a conceder la licencia de demolición total o parcial del edificio, si así la solicitan sus dueños. Tras la declaración de BIP el actual inmueble podrá tener todos los usos que sean compatibles con la naturaleza del espacio y su configuración, es decir, teatro, espectáculos, conciertos, cafés, convenciones….“Cualquier actividad que requiera de un escenario y un público y de unas especiales condiciones ambientales y de funcionamiento”, ha precisado la presidenta. La declaración de BIP supone que la sala, el escenario, los accesos a los tres niveles del teatro y las escaleras se mantendrán.
Procedimiento
La Dirección General de Patrimonio Cultural firma una resolución de incoación con una propuesta de declaración que será notificada a las partes afectadas: Real Academia, Colegio de Arquitectos, Ayuntamiento de Madrid, asociaciones y colectivos.
Después se envía al Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) para que lo publique. Una vez publicado se abre un periodo de un mes de información pública y se convoca al Consejo Regional de Patrimonio para que opine. Se recogen las sugerencias y alegaciones, si las hubiere, y se redacta de nuevo el texto de la declaración.
La Dirección General de Patrimonio Cultural firma la resolución definitiva y la eleva al Consejo de Gobierno para su aprobación.
