Las víctimas de ocupación ilegal recibirán asesoría legal gratuita, apoyo psicológico y un nuevo canal de atención especializado para agilizar la respuesta ante este delito en la Comunidad de Madrid
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado un paso decisivo para apoyar a quienes sufren la ocupación ilegal de sus viviendas. Este lunes, en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, firmó un protocolo con los colegios oficiales de abogados de Madrid y Alcalá de Henares, y con el colegio de procuradores de Madrid, para facilitar a las víctimas asesoramiento jurídico gratuito y representación procesal.
A pesar de que la Comunidad de Madrid no tiene competencias directas para resolver este problema, Díaz Ayuso subrayó que “no vamos a ponernos de perfil” ante una situación que afecta a miles de familias y vecinos.
Servicios integrales para las víctimas
Gracias a este acuerdo, las víctimas contarán con la ayuda de letrados y procuradores para actuar en los tribunales. Además, tendrán acceso a atención psicológica mediante la red pública de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD). Para reforzar esta atención, el Gobierno regional pondrá en marcha un nuevo servicio especializado a través del 012 de Atención al Ciudadano, que funcionará de manera complementaria con el teléfono 112 Ocupación, ya operativo desde 2022.
Este procedimiento facilitará que las víctimas reciban asistencia rápida y coordinada, creando una red más eficiente para enfrentar este delito.
“No son males de España, sino de quienes no actúan”
La presidenta hizo hincapié en la necesidad urgente de reformar las leyes que actualmente impiden a los jueces ordenar la expulsión inmediata de los ocupas. Díaz Ayuso afirmó con claridad: “Son síntomas de males profundos, pero no son males de España, de la sociedad española, ni de nuestra Constitución, que son buenas y están sanas. Son males de quienes quieren desde el poder y las administraciones no hacer lo que se debe, con rigor jurídico y respeto por la verdad.”
Esta declaración pone en relieve la preocupación del Ejecutivo madrileño por la falta de acción efectiva en el ámbito estatal, que dificulta la protección de los derechos de los propietarios.
Impacto en propietarios y barrios: un problema social y de convivencia
La presidenta recordó que “detrás de cada denuncia hay personas afectadas, propietarios que pierden sus casas y barrios enteros deteriorados”. Además, alertó sobre el riesgo de que muchas viviendas ocupadas terminen siendo utilizadas para actividades ilegales, como la trata de seres humanos o la existencia de narcopisos.
Díaz Ayuso insistió en que el Gobierno regional está dispuesto a poner “todas las medidas y herramientas a su disposición para ayudar a recuperar las viviendas y evitar que este mal vaya a más”. En sus palabras, “esto va de delitos, pero también va de derechos fundamentales”.
Datos que revelan la magnitud del problema
Desde la puesta en marcha del teléfono 112 Ocupación en junio de 2022 hasta el 30 de abril de 2025, se han registrado 4.041 llamadas relacionadas con ocupaciones ilegales. De estas, 246 ciudadanos alertaron sobre este delito en sus propiedades privadas, logrando evitar o proceder al desalojo en 44 ocasiones.
Estos datos reflejan tanto la persistencia del problema como la necesidad de reforzar la respuesta institucional.
Un pacto con los colegios profesionales
El acuerdo firmado hoy ha sido rubricado, además de por la presidenta Díaz Ayuso, por los decanos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón; de Alcalá de Henares, Ángel Llamas; y del Colegio de Procuradores de Madrid, Alberto García.
Este protocolo marca un avance en la colaboración entre la Administración regional y los profesionales del derecho para proteger a las víctimas y dotarlas de recursos legales y psicológicos efectivos.
