La Comunidad de Madrid sostiene que el Gobierno central ha aportado a la región más de 10.500 millones de euros por servicios públicos esenciales que no financia desde 2019, lo que afecta directamente a los madrileños. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, reclama un sistema de financiación autonómica “moderno y transparente” para corregir estos desequilibrios.
Entre las partidas pendientes, destaca la financiación de la Ley de Dependencia, donde el Estado está comprometido a sufragar el 50% del coste total, pero este porcentaje “nunca alcanza, lo que eleva el coste para las arcas regionales en 2.430 millones de euros desde 2019”, según la Comunidad de Madrid.
Además, Madrid ha sido “infrafinanciada al ser la que menos recibe por habitante”. Hasta abril de 2025, “la importación consignada ha sido de 3.242 millones, el 11,3% del total asignado a las comunidades autónomas, a pesar de que representa el 14,6% de la población nacional”. Este “desajuste ha significado 950 millones que la región no ha percibido”.
Inversiones comprometidas, pero paralizadas
Otra parte importante de la deuda corresponde a inversiones comprometidas que el Estado no ha ejecutado. Son “221 actuaciones de la Administración Estatal que afectan a la Comunidad de Madrid, correspondientes al tercer ciclo del Plan Hidrológico del Tajo, con una inversión de 1.580 millones de euros”.
Asimismo, hay más de 1.200 millones previstos para obras en las Estaciones Regeneradoras de Aguas Residuales (ERAR) de La China, Butarque y Sur, “infraestructuras clave para el tratamiento y depuración de aguas en la cuenca del Tajo, esenciales para cumplir con la normativa comunitaria”.
Deudas en transporte, justicia y asistencia sanitaria
El Gobierno central también debe al Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) “268 millones de euros correspondientes a subvenciones y ayudas directas para 2025”, según la Consejería regional.
En materia de Justicia, la deuda asciende a casi “44 millones correspondientes a la Ley de Eficiencia de la Justicia”, que se suma a otra de “27 millones para la asistencia hospitalaria de presos en las cárceles madrileñas”.
Una financiación autonómica que genera desequilibrios
La consejera Rocío Albert ha reclamado un cambio en el sistema de financiación autonómica, señalando que el actual modelo es desigual e injusto. Madrid, siendo la comunidad que más aporta a las arcas públicas, “recibe menos recursos per cápita que otras regiones, lo que genera un evidente desequilibrio y desventaja para sus ciudadanos”.
La petición es que se implemente un sistema “moderno y transparente” que reconozca las diferencias entre comunidades autónomas, garantizando que los recursos se asignen de manera equitativa y adecuada para cubrir las necesidades de cada territorio.
