Orizonia, que tiene su oficina central en Alcobendas, ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ante la Dirección General de Empleo y Seguridad Social, que afecta a 2.239 trabajadores del grupo, lo que supone 1.171 despidos menos, que los planteados inicialmente a los sindicatos.
El grupo turístico ha indicado que la prioridad previa a esta medida ha sido «la conservación del mayor número de puestos de trabajo» e informó de que se abre así un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores. La compañía ha explicado que el objetivo del ERE es «facilitar la rápida tramitación de todos los procedimientos legales» de modo que se alcance una resolución que facilite a los trabajadores «un acceso más ágil y rápido a las prestaciones que les correspondan».
Orizonia cuenta con 5.000 empleos en plantilla, de ellos un total de 700 corresponden a la cadena hotelera Luabay, vendida a Globalia en diciembre. La venta de parte de las agencias Vibo y de la filial de Orbest en Portugal al grupo Barceló ha permitido salvar otros 900 puestos.
Los sindicatos de Orizonia se reunieron con la compañía, después de que las autoridades de Palma de Mallorca dieran el visto bueno a su hoja de ruta, para comenzar con el Expediente de Regulación de Empleo, que abre un plazo de consultas de un mes, que se prolongará hasta el próximo 7 de abril.
La dirección de la compañía y la parte social, integrada por los diferentes comités de empresas, han formalizado hoy mismo la mesa negociadora, y han fijado nuevas reuniones para los días 15 y 20 de marzo.
FACILIDADES PARA LOS TRABAJADORES
La Ley concursal establece durante los primeros 30 días del proceso de concurso voluntario garantías sobre los derechos de los trabajadores siempre que haya liquidez.
De esta forma, sería factible que durante la primera quincena de abril estén resueltos los contratos, de forma que los trabajadores puedan acceder a las prestaciones por desempleo, además de permitir el acceso a documentos requeridos por el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), sin que tengan que denunciar individualmente y reclamar indemnizaciones.
Orizonia cuenta en la actualidad con unos diez millones de euros en caja, en su mayoría, correspondientes a depósitos, motivo por el cual no puede destinarlos al pago de las nóminas. Además, en diciembre vendió los derechos de cobro al fondo SPV Capital Funding Luxembourg para conseguir liquidez y al fondo D. E. Shaw Group.
Así, ha insistido en que solicitarán al juzgado que si considera que esta acción lesiona los derechos de los acreedores regrese dichas operaciones para atender a las nóminas de marzo y han hecho hincapié en que Carlyle no eluda sus responsabilidades.
El capital de Orizonia se reparte entre Carlyle (55%), Vista Capital (36%), la sociedad de capital riesgo del Banco Santander e ICG (5%), con un 4% en manos de directivos del grupo.
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