El Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas ha marcado un punto de inflexión en la política local tras aprobar el rechazo a la regularización migratoria masiva estatal y prohibir el acceso a edificios municipales con el rostro oculto.
En la sesión plenaria celebrada este 26 de febrero de 2026, el Ayuntamiento de Alcobendas ha manifestado su firme oposición a los planes de regularización migratoria del Gobierno central. A través de un acto declarativo impulsado por el Grupo Popular, y que contó con el respaldo de Futuro Alcobendas, la corporación local ha abogado por un modelo de inmigración legal y ordenada.
La propuesta, que recibió el voto en contra de PSOE y Más Madrid y la abstención de Vox, critica lo que considera una «improvisación normativa» por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Según el texto aprobado, este tipo de medidas unilaterales carecen de una planificación económica y administrativa adecuada, lo que terminaría repercutiendo directamente en los recursos de los ayuntamientos. El consistorio advierte que los municipios son los que finalmente deben gestionar el aumento de la demanda en servicios sociales, educativos y de convivencia sin recibir los apoyos necesarios.
Criterios para una integración basada en la legalidad
Frente a la propuesta estatal, el consistorio de Alcobendas apuesta por un sistema de regularizaciones individuales. La intención es que el proceso se base en criterios claros, como la ausencia de antecedentes penales y la vinculación real con el mercado laboral y la inserción social. Durante el debate, la portavoz popular, Marta Martín, fue tajante al respecto: «estamos a favor de la regularización pero con un marco jurídico claro y con plenas garantías jurídicas; lo grave es la falta de planificación del Ejecutivo».
Además, el acuerdo plenario incluye una petición para implementar el retorno ordenado y se posiciona a favor de la expulsión automática en casos específicos. Esta medida se aplicaría a ciudadanos de terceros países que incurran en delitos graves, reincidencia o fraude documental, siempre bajo el principio de respeto a la legalidad y la seguridad ciudadana.
Restricciones al acceso con el rostro oculto en edificios municipales
Otro de los puntos clave de la jornada ha sido la aprobación de una moción, presentada por Vox, que prohíbe el acceso o la estancia en dependencias municipales a personas que vistan prendas que oculten su rostro, citando específicamente el niqab o el burka. Esta normativa ha salido adelante con el mismo apoyo mayoritario que el punto anterior y se justifica estrictamente por motivos de seguridad y operatividad del servicio público.
El argumento principal es que el uso de estas prendas impide la identificación visual y la verificación de la identidad de los usuarios, algo fundamental en espacios donde se realizan trámites con efectos jurídicos. El Ayuntamiento subraya que esta prohibición se aplica «con independencia del origen, motivación o significado de la prenda» y se limita exclusivamente al interior de los edificios del ayuntamiento, sin afectar a la vía pública.
Renovación de las normas en centros de mayores y de la mujer
Finalmente, el Pleno ha dado luz verde a la actualización del reglamento interno de los Centros de Atención Social, tales como los centros de mayores y la Casa de la Mujer. La normativa anterior databa de 1994, por lo que se consideraba obsoleta para las necesidades actuales de los vecinos y trabajadores.
Concha Villalón, concejal de Bienestar Social, explicó que este cambio busca proporcionar una mayor seguridad jurídica. Según sus palabras: «hemos aprovechado para regular los derechos y deberes y la regulación del uso de estos centros y sus materiales, que es patrimonio de todos». Como novedad destacada, el nuevo texto incorpora por primera vez un régimen sancionador para los usuarios, asegurando así el correcto uso de las instalaciones y el respeto a la convivencia.
