En apenas quince días, doce edificaciones levantadas sin permiso en Fuente el Saz de Jarama han sido derribadas por orden de la Administración regional. Las construcciones ocupaban suelo protegido por su valor ambiental, y su eliminación forma parte de un plan autonómico que ya suma 17 demoliciones en menos de un año en toda la región.
Los vecinos de Fuente el Saz de Jarama han sido testigos de dos intervenciones consecutivas contra la construcción ilegal en su municipio, una localidad que, según reconoce la propia Administración regional, arrastra desde hace tiempo un problema de proliferación de edificaciones irregulares. La primera actuación tuvo lugar el 24 de junio y la segunda, apenas dos semanas después, el 9 de julio. Entre ambas suman los doce inmuebles derribados, todos ellos situados en suelo no urbanizable con algún tipo de protección ambiental.
Estas demoliciones se enmarcan en el Plan de Inspección y Disciplina Urbanística 2025-2029, impulsado por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior a través de la Dirección General de Urbanismo. El objetivo declarado de este plan es frenar la ocupación irregular del suelo rural y devolver la legalidad a terrenos que, por su valor natural o agrícola, cuentan con protección específica.
El primer derribo: una parcela con doble protección
La operación del 24 de junio se saldó con la demolición de tres instalaciones situadas en una parcela clasificada por el Plan General de Ordenación Urbana del municipio como suelo no urbanizable de protección fáunica. A esa protección se suma otra circunstancia: los terrenos están atravesados por la Vereda de San Agudín, una vía pecuaria que cuenta con protección específica.
Para ejecutar el derribo fue necesario un dispositivo conjunto en el que participaron el Cuerpo de Agentes Forestales autonómico y un contingente de la Guardia Civil, formado por efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y patrullas de Seguridad Ciudadana. La presencia de estos cuerpos da idea de la magnitud del operativo y del cuidado que exige actuar en una zona con fauna protegida.
El segundo derribo: el riesgo estaba bajo tierra
Poco más de dos semanas después, el 9 de julio, se produjo la segunda actuación, de mayor envergadura: nueve edificaciones fueron derribadas en una zona clasificada como suelo no urbanizable de protección edafológica y paisajística. Se trata de terreno agrícola de alta calidad paisajística, pero con una particularidad que explica por qué la Administración considera prioritario actuar aquí: su sensibilidad freática.
En términos sencillos, esto significa que el terreno está muy cerca del agua subterránea, por lo que cualquier vertido contaminante en la superficie puede filtrarse y llegar directamente a los acuíferos. Las construcciones ilegales, al no contar con los sistemas de saneamiento adecuados, multiplican ese riesgo para un recurso del que depende buena parte del entorno rural.
Un plan que ya deja cifras contundentes
Sumando ambas actuaciones en Fuente el Saz de Jarama a las realizadas en el resto de la región, la Administración regional ha ejecutado 17 demoliciones en menos de un año. De ellas, cinco se llevaron a cabo de forma subsidiaria, es decir, ante la negativa de los propietarios a derribar por su cuenta, fue la propia Administración quien asumió la ejecución. Las 12 restantes fueron voluntarias, realizadas por los responsables de las construcciones tras recibir la orden correspondiente.
El plan no se limita a los derribos. Durante este periodo se han realizado 179 inspecciones sobre el terreno, se han abierto 74 expedientes urbanísticos y 69 expedientes sancionadores, y se han tramitado 85 requerimientos de información a propietarios y responsables. Además, constan 326 diligencias previas y 18 expedientes de ejecución subsidiaria, el paso previo que permite a la Administración actuar cuando el propietario no cumple voluntariamente.
¿Por qué afecta a quienes viven en la zona?
Más allá de las cifras, el trasfondo de estas actuaciones tiene que ver con algo que afecta directamente a la vida en el municipio: la protección del territorio rural frente a construcciones que, al margen de la ley, alteran el paisaje, ponen en riesgo espacios de valor ecológico y generan inseguridad jurídica tanto para quienes construyen sin permiso como para sus vecinos. Una edificación ilegal, recuerda la Consejería, no solo incumple la normativa: puede acabar contaminando el agua que abastece a la zona o degradando terrenos que llevan generaciones cumpliendo una función agrícola o ganadera.
La Administración regional mantiene abierto este plan hasta 2029, por lo que es previsible que Fuente el Saz de Jarama y otros municipios de la región sigan viendo actuaciones similares en los próximos meses, a medida que avancen los expedientes ya incoados.
