La Comunidad de Madrid incrementa su presupuesto para garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos con menos recursos, consolidando su compromiso con la tutela judicial efectiva
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado una dotación extra de 5,2 millones de euros destinada al servicio de asistencia jurídica gratuita, elevando la inversión total en este ámbito a 55,6 millones de euros en 2023. Este incremento, que supone un 10,3% más respecto al presupuesto inicial, responde al objetivo de garantizar que todas las personas con recursos económicos limitados puedan acceder a la tutela judicial efectiva, como establece la Constitución Española.
Con este esfuerzo económico, el Gobierno regional busca atender el creciente número de beneficiarios de este servicio. En el último año, 85.884 personas accedieron a la asistencia jurídica gratuita en la región, un 4,4% más que en 2022.
¿Cómo se distribuye esta inversión?
La nueva partida presupuestaria se divide en dos subvenciones principales. 4,4 millones de euros se destinarán al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y al Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (ICAAH), mientras que 800.000 euros irán al Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM). Estas instituciones son las encargadas de canalizar los pagos a los letrados y procuradores que prestan sus servicios a quienes no pueden costear una defensa legal.
La gestión de estas subvenciones se realiza a través del Consejo de Colegio de Abogados de la Comunidad de Madrid, en el caso de los abogados, y mediante el Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España, para la procura. Estas entidades colaboran estrechamente con la Administración para garantizar una prestación de calidad y una adecuada supervisión.

Actualización normativa para mejorar el servicio
Además del refuerzo presupuestario, el Consejo de Gobierno ha abordado un proyecto para actualizar el decreto que regula la asistencia jurídica gratuita en la región. Esta revisión tiene como finalidad simplificar los trámites administrativos para los usuarios, facilitando el acceso al servicio, y detallar las funciones de los colegios profesionales que participan en este sistema.
Con este enfoque, se busca no solo mejorar la coordinación entre la Administración y los colegios de abogados y procuradores, sino también garantizar que el servicio cumpla con los más altos estándares de calidad.
Un servicio clave para la justicia social
El servicio de asistencia jurídica gratuita es una pieza esencial para garantizar la igualdad de oportunidades ante la justicia. Sin este apoyo, muchas personas con dificultades económicas no podrían defenderse adecuadamente en procesos judiciales, lo que pondría en riesgo sus derechos fundamentales.
La Comunidad de Madrid destaca que esta medida forma parte de su compromiso con los ciudadanos más vulnerables, asegurando que puedan acceder a una representación legal cualificada sin importar su situación económica.