La Comunidad de Madrid ha tomado una decisión histórica en cuanto al uso de dispositivos digitales en las aulas, que marcará un cambio profundo en la forma en que los estudiantes interactúan con la tecnología. A partir del curso 2025/26, la región será pionera en España al eliminar el uso individual de dispositivos digitales en los niveles de Infantil y Primaria. Esta medida no solo busca limitar la dependencia tecnológica desde una edad temprana, sino también garantizar un uso más equilibrado y supervisado en el entorno educativo.
Con la implementación de esta nueva norma, el objetivo principal es evitar los riesgos derivados del uso inadecuado de la tecnología, especialmente en etapas de aprendizaje fundamentales como la Infantil y la Primaria. Esta normativa establece que el uso individual de dispositivos digitales quedará prohibido en estos niveles educativos, lo que se traduce en una limitación del tiempo de exposición a las pantallas, una preocupación creciente entre educadores y psicólogos por sus posibles efectos en el desarrollo cognitivo de los niños.
Para los estudiantes de Infantil (de 0 a 6 años), se permitirá únicamente el uso compartido de dispositivos, y siempre bajo la supervisión directa de los docentes. Este uso estará limitado a un máximo de dos horas semanales y con fines pedagógicos bien definidos. En el caso de los alumnos de Primaria, el tiempo se incrementa ligeramente, permitiendo hasta dos horas semanales de uso compartido, pero siempre bajo las mismas condiciones de supervisión y con un enfoque exclusivamente educativo.
El enfoque para la educación secundaria: mayor flexibilidad
La normativa también tendrá un enfoque diferente en Secundaria. A diferencia de lo que ocurre en los niveles anteriores, serán los propios centros educativos quienes definan los límites de uso de dispositivos según las características de los alumnos y el nivel de madurez. Esto permitirá una mayor flexibilidad, adaptándose a la edad y a las necesidades particulares de cada estudiante.
Sin embargo, en ningún caso se permitirán los deberes que obliguen a los estudiantes a utilizar tabletas, ordenadores o móviles en casa para realizar sus tareas escolares. Esta medida busca reducir la sobrecarga tecnológica fuera del horario escolar, un factor que ha sido criticado en diversos estudios como perjudicial para el bienestar de los niños.
¿Qué sucede con los estudiantes con necesidades especiales?
La nueva normativa también contempla excepciones para los alumnos con necesidades educativas específicas, quienes podrán seguir utilizando los dispositivos digitales sin limitaciones horarias, siempre que exista un informe psicopedagógico que lo respalde. Además, en las materias optativas o proyectos específicos, se permitirá su uso siempre que sea imprescindible para el desarrollo de las competencias necesarias para la asignatura.
Plazo de adaptación para los centros educativos
Los colegios e institutos que actualmente implementan un programa que otorga dispositivos individuales a los estudiantes tendrán un plazo de adaptación hasta agosto de 2026 para ajustarse a la nueva normativa. Este período de moratoria permitirá a los centros realizar los ajustes necesarios sin que ello afecte a los estudiantes que ya han sido beneficiados de estos programas.
Impacto en la comunidad educativa
La medida, que afectará a más de medio millón de estudiantes en la región, ha generado una mezcla de opiniones. Si bien muchos expertos celebran la iniciativa como un paso necesario para garantizar un desarrollo equilibrado y saludable en los estudiantes, también hay quienes creen que podría generar una desventaja en cuanto a la adquisición de competencias digitales en una sociedad cada vez más tecnológica.
El gobierno de la Comunidad de Madrid subraya que la compensación de este posible desfase tecnológico se realizará mediante competencias digitales integradas en los currículos de los diferentes niveles educativos, sin perder de vista el objetivo fundamental de garantizar el bienestar de los alumnos.
Un equilibrio entre tecnología y desarrollo infantil
Esta normativa podría marcar un precedente crucial en la educación de todo el país. A medida que la tecnología se convierte en una herramienta esencial para la educación, la comunidad educativa se enfrenta al reto de encontrar el equilibrio adecuado entre su integración efectiva en el aula y la protección del desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes. Será interesante observar cómo este modelo influye en otras comunidades autónomas y si se replicará a nivel nacional en los próximos años.
