El Gobierno se compromete a que los perros de caza y «de trabajo» cuenten con la misma protección legal que las mascotas dentro del nuevo reglamento de núcleos zoológicos. Esta medida busca unificar los criterios de bienestar y alojamiento para todos los canes, respondiendo a una demanda histórica de más de 260 entidades de protección animal.
En una reunión clave celebrada este 12 de febrero en Madrid, el director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, ha dado un paso esperado por muchos vecinos y asociaciones: la promesa de incluir a los perros de caza y de trabajo en el futuro Real Decreto de Núcleos Zoológicos de Animales de Compañía. Este texto, que actualmente prepara el Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy, es la herramienta que debe fijar cómo deben ser las instalaciones donde viven estos animales y qué cuidados mínimos deben recibir.
Hasta ahora, existía un temor fundado entre las protectoras de que estos animales quedaran en un «limbo» legal. Sin embargo, tras el encuentro con los representantes del sector, el compromiso oficial es que la norma no haga distinciones. El objetivo es que, independientemente de si un perro es un animal de compañía en un piso o forma parte de una rehala de caza, los estándares de bienestar, salud y control administrativo sean exactamente los mismos para todos.
El origen del conflicto: la exclusión en leyes anteriores
Muchos recordarán que estos mismos perros fueron excluidos de la Ley de Bienestar Animal aprobada en 2023. Aquella decisión generó una gran indignación social, ya que las entidades de protección consideran que, precisamente por su actividad, los perros de caza y trabajo son a menudo los más vulnerables y los que necesitan una supervisión más estrecha por parte de las autoridades.
La preocupación actual radicaba en que el Ministerio de Derechos Sociales pudiera ceder la competencia de estos animales al Ministerio de Agricultura. Si esto ocurría, la regulación se limitaría probablemente a cuestiones de registro e identificación (chips y papeles), dejando de lado aspectos fundamentales como las condiciones de sus alojamientos, el espacio mínimo del que deben disponer o la higiene de los lugares donde se crían o mantienen.
La vigilancia de las protectoras ante el anuncio
A pesar de que el compromiso de José Ramón Becerra ha sido bien recibido, las organizaciones de defensa animal mantienen los pies en el suelo. No quieren que las palabras se las lleve el viento y han advertido que estarán muy pendientes de que este acuerdo se traslade de forma literal al papel cuando se publiquen los borradores de la norma.
Mati Cubillo, presidenta de la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid (FAPAM), ha sido clara al respecto: «Este compromiso supone un paso importante, pero no definitivo. Las organizaciones estaremos vigilantes hasta que la inclusión de los perros de caza quede claramente recogida en el texto legal. Todos los perros deben tener los mismos derechos y la misma protección, sin excepciones.»
Esta postura de cautela es compartida por otras portavoces, quienes aseguran que realizarán un seguimiento técnico minucioso durante todo el proceso de tramitación para evitar que haya marcha atrás en los despachos.
Una movilización social con miles de apoyos
Este avance no ha llegado de forma casual. Es el fruto de una presión social intensa bajo el lema “Mismos Perros, Mismos Derechos”. Esta campaña ha logrado reunir el apoyo de más de 260 organizaciones y la firma de 44.000 ciudadanos que piden que la ley sea igual para todos los perros, sin importar el «trabajo» que desempeñen.
Desde la campaña, se defiende que si un centro alberga perros, debe cumplir con unos mínimos de decencia y salud pública, algo que beneficia no solo a los animales, sino a la convivencia y al control sanitario en general. Marta Esteban Miñano, de la Fundación Animal Guardians, señala que no bajarán la guardia: “continuaremos analizando cada fase del procedimiento con el objetivo de garantizar que el contenido final del Real Decreto de Núcleos Zoológicos de Animales de Compañía responda a criterios de coherencia normativa y protección efectiva de todos los perros. No descartamos futuras movilizaciones hasta que esto sea así.”
La abogada animalista Arancha Sanz, portavoz de SPAP Madrid, también ha puesto el foco en la relevancia jurídica de este momento. Para los expertos legales, estamos ante una oportunidad de oro para modernizar una normativa que se había quedado antigua y que permitía que ciertos sectores operaran con menos exigencias que un ciudadano particular con su mascota.
Según Sanz, “la futura regulación constituye una oportunidad clave para corregir desigualdades históricas en la aplicación de estándares de bienestar animal. La sociedad civil mantendrá un control activo sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante el proceso.”
Las protectoras esperan que este Real Decreto sea el punto de inflexión necesario para que en España no existan «perros de segunda» y que cualquier instalación que albergue animales, ya sea por ocio, trabajo o deporte, cumpla con las garantías de seguridad y trato digno que la sociedad demanda hoy en día.
