Se ha aprobado en el Congreso de los Diputados la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Para Seo/Bird Life marca un hito clave, y esperado desde hace una década, en el camino hacia la descarbonización completa de la economía de España. Uno de los países más expuestos de Europa.
A juicio de la organización ecologista, el texto aprobado ha de actuar como paraguas normativo para activar la ambición climática en la acción de las administraciones públicas y de los agentes económicos.
SEO/BirdLife recuerda que la ley pone deberes a todas las administraciones públicas, además de a otros muchos públicos y privados. Y fija dos prioridades: ordenar sobre el territorio el desarrollo renovable para que sea compatible con la conservación de la biodiversidad y de los espacios de valor ecológico de nuestro país; y crear un comité experto sólido, para que, desde la Ciencia, se oriente las nuevas metas de disminución de emisiones.
Novedades de la Ley
Entre numerosas novedades importantes que contempla la ley aprobada, destacan las obligaciones para el Banco de España, el Gobierno y las empresas más grandes de rendir cuentas y evaluar los riesgos que suponen el cambio climático y la descarbonización para la economía y para el negocio.
Poner fin a las nuevas exploraciones y explotaciones de los combustibles fósiles y de la minería de uranio en territorio nacional.
Avances en transporte de emisiones cero, educación ambiental y participación social; fijar objetivos -aunque demasiados tímidos- para la reducción de las emisiones, la energía y el transporte limpio en 2030, 2040 y 2050; y dar nuevos pasos -también algo tímidos- en la fiscalidad verde y la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles
Energías renovables responsables
Una de las tareas más relevantes es garantizar que se priorice la implantación de las energías renovables, fomentando además el despliegue del autoconsumo y las comunidades energéticas, en las zonas de baja o media sensibilidad para la biodiversidad. Están incluidos el medio urbano, otras zonas edificadas o degradadas y agrosistemas en los que sea posible combinar el desarrollo renovable con la actividad productiva.
Para ello, tal y como marca la norma, es necesario que se desarrollen mapas que marquen aquellas zonas prioritarias y, también, las que deben quedar excluidas del despliegue renovable por su importancia para la biodiversidad. SEO/BirdLife considera fundamental que estas zonificaciones se desarrollen en normas vinculantes, tanto a nivel estatal –donde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cuenta ya con una primera zonificación orientativa- como en todas las comunidades autónomas, donde prácticamente no se ha abordado este tema.
Existen diversos instrumentos relevantes, como por ejemplo las subastas de capacidad, la planificación energética y eléctrica, la ordenación territorial y los criterios o mapas de sensibilidad ambiental, pero faltan unos mínimos comunes entre las distintas comunidades autónomas. Es importante actualizar estas herramientas a la luz de los nuevos objetivos de energías renovables del plan estatal de energía y clima (‘PNIEC’) y garantizar una buena coordinación entre las autonomías y el Gobierno central.
Jornadas
Precisamente para abordar estos “deberes” en torno a las renovables responsables y abrir un foro para construir soluciones que garanticen la compatibilidad entre la conservación de biodiversidad y el necesario despliegue de renovables.
SEO/BirdLife, en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organizan el próximo jueves, 20 de mayo, la Iª Jornada por unas Renovables Responsables.
Contará con la participación tanto del Gobierno nacional como de diferentes Ejecutivos autonómicos, sociedad civil y agentes del sector. La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, inaugurará el encuentro on-line, que se retransmitirá a través del canal de Youtube de SEO/BirdLife.
Comité de expertos
Otra norma que debería aprobarse este mismo año se centra en ofrecer una base sólida al comité experto que ya aparece en la nueva ley con el papel de asesorar al Gobierno en materia de cambio climático y transición energética.
Para la organización ecologista, será preciso seguir avanzando para acelerar todo lo posible la transición ecológica, siguiendo precisamente la recomendación unánime de la Ciencia. Para facilitarlo, sería muy deseable avanzar rápido con el nombramiento y puesta en marcha de este comité, atendiendo con ello, además, a la petición firmada el pasado noviembre por más de 400 personas del mundo de la investigación.
“La ciencia señala la necesidad de reducir las emisiones a nivel mundial en un 7,6% al año a 2030 para limitar el aumento de la temperatura a 1,5ºC. Los países industrializados deben hacer más de la media, en línea con el Acuerdo de París. Tenemos que seguir avanzando para lograrlo y, en este cometido, un nuevo comité independiente debe aportar información rigurosa y objetiva. El trabajo de órganos parecidos en el Reino Unido y Alemania ha sido clave en los anuncios de mayor ambición a 2030 en estos países. Si se constituye con rapidez, podrá contribuir decisivamente a la revisión al alza de los objetivos de España en 2023, tal y como marca la ley aprobada”, señala el responsable de Clima y Energía de SEO/BirdLife, David Howell.
Movilidad
Todos los municipios de más de 50.000 habitantes deberán adoptar planes de movilidad sostenible que, entre otros asuntos, incluyan zonas de bajas emisiones similares a las puestas en marcha en Madrid y Barcelona. Y solo se podrán revertir con un informe favorable del Gobierno autonómico. Además, los municipios de más de 20.000 habitantes también deberán aprobar zonas de bajas emisiones si su calidad del aire no es buena.
El Gobierno fijará también objetivos de integración de combustibles alternativos en el transporte, con “especial énfasis en los biocarburantes avanzados y otros combustibles renovables de origen no biológico”. Y se abre la puerta a limitar los biocombustibles de primera generación (aquellos elaborados a partir de cultivos alimentarios).
El Gobierno elaborará una ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público, que también contemplará objetivos de penetración del ferrocarril en el transporte de mercancías en distancias superiores a los 300 kilómetros
En el artículo 14, la Ley establece que «no más tarde del año 2040», solo podrán venderse turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, de cero emisiones (turismos y vehículos comerciales no destinados a usos comerciales).
Instalación de puntos de recarga eléctrica
Los titulares de las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a vehículos cuyo volumen anual agregado de ventas de gasolina y gasóleo A en 2019 sea superior o igual a 10 millones de litros instalarán, por cada una de estas instalaciones, al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 150 kW en corriente continua, que deberá prestar servicio en un plazo de 21 meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
La norma también establece obligaciones para que las gasolineras coloquen puntos de recarga de coches eléctricos y para facilitar que se instalen en los edificios y aparcamientos. A partir de 2023, todos los edificios que no estén destinados a uso residencial y con más de 20 plazas de aparcamiento deberán contar con infraestructuras de recarga. Además, el Ministerio para la Transición Ecológica elaborará un catálogo nacional de acceso público de puntos de recarga disponibles para los conductores. Y se canalizarán los fondos europeos de recuperación para incentivar la instalación de infraestructura de recarga.
Casas más eficientes
El Gobierno deberá aprobar un plan de rehabilitación de viviendas en seis meses. La idea es hacer que las casas españolas aprovechen mejor la energía.
Se trata de impedir el despilfarro, por ejemplo, al no tener aislamientos, introducir la posibilidad de utilizar fuentes de energía renovable y autoconsumo para la calefacción o la refrigeración de los pisos.
La ley aborda la lucha contra el cambio climático, pero, en definitiva, atravesará muchos aspectos de la vida cotidiana de la ciudadanía: encender el interruptor de la luz cada día, los desplazamientos para ir a trabajar, de visita o por ocio. La manera de producir y transportar de las empresas, las viviendas, la disponibilidad de agua de calidad o la protección ante fenómenos meteorológicos adversos cada vez más frecuentes
