La Comunidad de Madrid reclama al Gobierno central activar el retorno de 110 menores no acompañados
La Comunidad de Madrid ha elevado la presión institucional sobre la Delegación del Gobierno para que active los expedientes de retorno de 110 menores no acompañados.
El Ejecutivo autonómico sostiene que se trata de procedimientos de reunificación familiar y advierte de que podría estudiar acciones legales si persiste la falta de respuesta.
El caso vuelve a situar en primer plano el debate sobre la protección de la infancia, las competencias del Estado y la gestión de los recursos públicos destinados a menores tutelados.
Un informe eleva la tensión entre administraciones
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha conocido un informe de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, sobre la situación de las solicitudes de repatriación de menores no acompañados remitidas al Ejecutivo central.
Según la documentación difundida por el Gobierno regional, existen 110 expedientes pendientes de activación por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid.
La presidenta de la Comisión de Protección a la Infancia y la Adolescencia, Silvia Valmaña, tiene previsto remitir un escrito al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, para reclamar que se cumplan las competencias atribuidas a la Administración General del Estado en esta materia.
La petición no se plantea como una simple discrepancia administrativa. La Comunidad de Madrid sostiene que la falta de inicio de los procedimientos está bloqueando casos que, según su criterio técnico, deberían estudiarse bajo el principio del interés superior del menor.
¿Qué reclama exactamente la Comunidad de Madrid?
La demanda del Ejecutivo autonómico es clara: que la Delegación del Gobierno active los procedimientos de retorno de los menores no acompañados cuando exista una propuesta de reunificación con sus familias y su entorno social de origen.
La Comunidad de Madrid argumenta que la Comisión de Protección a la Infancia y la Adolescencia, órgano técnico encargado de adoptar medidas de protección, considera que en estos expedientes el regreso con sus familias sería la opción más adecuada para los menores afectados.
La administración regional vincula esta petición al marco previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, que regula aspectos relacionados con los menores extranjeros no acompañados y los procedimientos que deben seguirse en estos casos.
Conviene subrayar un matiz importante: hablar de retorno o repatriación de menores no acompañados no equivale a una decisión automática ni puramente administrativa. Son procedimientos sensibles, que deben tramitarse con garantías, atendiendo a la situación individual de cada menor y al principio que debe presidir cualquier actuación en este ámbito: su protección efectiva.
110 expedientes pendientes y 40 jóvenes que ya han cumplido la mayoría de edad
Uno de los datos más relevantes del informe es que, según la Comunidad de Madrid, no consta la iniciación de ningún procedimiento de repatriación por parte de la Delegación del Gobierno respecto a estos expedientes.
La administración autonómica sostiene además que esta falta de tramitación ha tenido consecuencias directas: de los 110 menores afectados, 40 ya habrían alcanzado la mayoría de edad sin que se haya iniciado ningún trámite.
Este punto resulta especialmente relevante porque el paso a la mayoría de edad cambia el marco administrativo y social de la persona afectada. También puede complicar la respuesta institucional, tanto desde el punto de vista de la protección como de la gestión de recursos públicos.
La Comunidad de Madrid interpreta esta situación como una inactividad que debe corregirse. Por ello, en el escrito anunciado se advierte de que, si persiste la ausencia de actuación o se produce una negativa que el Ejecutivo regional considere injustificada, la administración autonómica se reserva la posibilidad de emprender las acciones legales oportunas.
Un asunto delicado: protección de menores, competencias y garantías
La gestión de los menores no acompañados es uno de los ámbitos más complejos de las políticas sociales y migratorias. Entran en juego varios planos al mismo tiempo: la protección de la infancia, la colaboración entre administraciones, la legislación de extranjería, la comprobación de vínculos familiares y la garantía de que cualquier decisión no perjudique al menor.
La Comunidad de Madrid centra su argumentación en que la Delegación del Gobierno debe ejercer sus competencias y activar los expedientes. La Delegación, por su parte, es la administración estatal llamada a intervenir en este tipo de procedimientos cuando corresponde valorar la repatriación o reunificación familiar.
El debate, por tanto, no se limita a una cuestión política. También plantea una pregunta de fondo: ¿qué ocurre cuando una administración considera que la mejor medida para un menor es la reunificación familiar y otra no inicia el procedimiento necesario para estudiarla?
La respuesta debería pasar por una tramitación ágil, individualizada y garantista. Ni el bloqueo administrativo ni la simplificación del debate ayudan a resolver una realidad que afecta a personas menores de edad y a recursos públicos especialmente sensibles.
Denuncias por presuntos falsos menores
El informe conocido por el Consejo de Gobierno también recoge otra línea de actuación de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.
Según la Comunidad de Madrid, se han presentado 16 denuncias contra presuntos falsos menores por un posible delito de estafa agravada, al haberse beneficiado supuestamente de recursos públicos de protección destinados a menores.
La administración regional afirma que estas actuaciones ya han dado lugar a las primeras detenciones.
En este punto, el lenguaje debe ser necesariamente prudente: se trata de denuncias y de presuntos delitos, por lo que cualquier responsabilidad deberá determinarse por los cauces legales correspondientes.
La existencia de estos casos, si se confirma judicialmente, abre otra derivada del problema: la necesidad de proteger los recursos destinados a la infancia vulnerable y, al mismo tiempo, evitar que el debate público derive hacia mensajes generalizadores sobre todos los menores no acompañados.
La clave está en diferenciar. Una cosa es perseguir posibles fraudes o usos indebidos del sistema de protección, y otra muy distinta convertir casos concretos en una descalificación global de un colectivo especialmente vulnerable.
La Comunidad de Madrid endurece el tono
El movimiento del Ejecutivo autonómico marca un nuevo paso en la presión sobre la Delegación del Gobierno.
La Comunidad de Madrid no solo pide que se activen los procedimientos, sino que deja constancia de que podría acudir a la vía legal si entiende que existe inactividad o una negativa injustificada.
La cuestión se sitúa así en un terreno institucional de mayor intensidad. En el centro del conflicto aparecen 110 expedientes, una cifra suficientemente relevante como para exigir explicaciones claras, plazos definidos y coordinación administrativa.
Para los ciudadanos, más allá del debate político, lo esencial es que las administraciones actúen con eficacia y transparencia. Si la reunificación familiar es realmente la medida más adecuada en determinados casos, debe estudiarse sin demoras injustificadas. Si existen razones para no activarla, deberían explicarse con el mismo rigor.
Un debate que exige datos y menos ruido
La situación de los menores extranjeros no acompañados en Madrid requiere un tratamiento serio, alejado tanto del alarmismo como de la propaganda. La protección de la infancia no puede depender de bloqueos administrativos, pero tampoco de respuestas precipitadas.
El informe de la Comunidad de Madrid coloca sobre la mesa tres elementos principales: 110 expedientes de retorno pendientes, 40 casos en los que los afectados ya habrían alcanzado la mayoría de edad y 16 denuncias por presunto fraude en el uso de recursos destinados a menores.
Son datos suficientes para abrir un debate público con preguntas legítimas: ¿se están tramitando estos expedientes con la diligencia necesaria? ¿Qué controles existen para comprobar la edad de quienes acceden al sistema de protección? ¿Cómo se garantiza que cada decisión responda realmente al interés superior del menor?
Lo razonable sería que las administraciones implicadas ofrecieran respuestas claras. Porque detrás de las cifras hay menores, familias, recursos públicos y una obligación institucional que debería estar por encima del choque político: proteger bien, decidir con garantías y actuar sin dilaciones innecesarias.
La Delegación del Gobiero contesta con un comunicado:
Ante las informaciones publicadas y declaraciones realizadas en relación con las solicitudes de expulsión de menores extranjeros no acompañados tutelados por la Comunidad de Madrid, el Delegado del Gobierno quiere trasladar lo siguiente:
En primer lugar, la Delegación del Gobierno en Madrid quiere dejar claro que, a esta hora, no ha recibido por cauces oficiales la información adicional que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado públicamente que iba a remitir en relación con estos expedientes.
No existe bloqueo o inacción por parte del Gobierno de España. Se trata de una afirmación irresponsable y políticamente interesada, con la que el Gobierno de la Comunidad de Madrid pretende ocultar sus propias responsabilidades con los menores que se encuentran bajo su tutela.
La Delegación de Gobierno reitera que, desde la recepción de las solicitudes formuladas por la Comunidad de Madrid, esta Delegación ha venido desarrollando las actuaciones previstas en la normativa vigente, con arreglo a la Ley Orgánica 4/2000 y al Real Decreto 1155/2024, que regula el procedimiento aplicable a estos supuestos. No existe bloqueo, existe cumplimiento de la ley y defensa del interés superior del menor.
La expulsión de un menor extranjero no acompañado no puede acordarse de manera automática e inmediata como pretende hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid. La legislación exige una tramitación individualizada, siempre con garantías y basada en el interés superior del menor. Las decisiones que se tomen tienen que estar sustentados en informes preceptivos que permitan valorar adecuadamente la situación personal, familiar y social de cada menor, así como las condiciones reales de retorno.
En este sentido, la Delegación del Gobierno ya comunicó al Gobierno de la Comunidad de Madrid que había iniciado los trámites correspondientes y que había solicitado, a través de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, los informes de las representaciones diplomáticas de los países de origen de los menores. Sin esos informes, no puede adoptarse una decisión con las garantías que exige la ley.
Por tanto, resulta profundamente grave presentar como una supuesta “inacción” lo que, en realidad, es el cumplimiento estricto de las garantías legales que protegen a los menores. La Delegación del Gobierno no hará de la protección de la infancia un instrumento de confrontación institucional, como pretende el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
La Delegación del Gobierno recuerda, además, que el Gobierno de la Comunidad de Madrid es la administración competente en materia de protección y tutela de los menores que se encuentran bajo su guarda. Es exigible, por tanto, que ejerza plenamente sus responsabilidades de atención e integración, con humanidad y sentido común.
La Delegación del Gobierno en Madrid seguirá actuando con absoluta lealtad institucional, rigor jurídico y pleno respeto al interés superior del menor, que, recordamos, debe prevalecer siempre por encima de cualquier estrategia partidista o amenaza judicial del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Son niños, niñas y adolescentes bajo protección y cualquier decisión que les afecte se tomará con garantías y respeto a la ley.
