Más de 23.000 viviendas ocupadas a la venta: el fracaso del Estado ante la inseguridad jurídica

La ocupación de viviendas ha dejado de ser un episodio aislado para convertirse en una realidad persistente dentro del mercado inmobiliario español. Según el último informe publicado por idealista, más de 23.000 viviendas se encontraban ocupadas y en venta durante el tercer trimestre de 2025, lo que representa el 3% del total de la oferta nacional.
Una cifra que refleja no solo un problema económico, sino también una profunda crisis de seguridad jurídica que obliga a miles de propietarios a vender sus casas con ocupantes dentro, ante la ineficacia del sistema judicial y la falta de una respuesta política clara.

El estudio, basado en los anuncios de la propia plataforma, revela que cada trimestre aumenta el número de personas que optan por desprenderse de sus inmuebles sin poder recuperar su posesión. La desesperanza se impone al derecho: muchos ciudadanos, tras meses o años de pleitos, terminan por aceptar una pérdida que puede alcanzar hasta la mitad del valor real del inmueble.

“Muchos propietarios se rinden antes de que la Justicia actúe”

Francisco Iñareta, portavoz de idealista, lanza una advertencia contundente: “A pesar de los intentos desde algunos lugares de quitar hierro al fenómeno de la ocupación de viviendas, el número de propietarios que se rinden hartos de esperar la intervención de la justicia es muy relevante, sobre todo porque les obliga a vender su propiedad a un precio que en muchas ocasiones roza el 50% del precio real.”
Y añade: “Estas ventas son una realidad en el mercado y para revertirla son necesarias políticas que protejan a los propietarios, que les ofrezcan seguridad jurídica y que les aseguren la recuperación de su vivienda.”

Sus palabras dibujan un retrato inquietante: la ocupación se ha convertido en un factor estructural del mercado, y la lentitud de la justicia actúa como combustible de esta tendencia. Cada demora judicial y cada vacío administrativo alimentan un fenómeno que erosiona la confianza en las instituciones.

Cataluña, epicentro del problema

El estudio de idealista sitúa a Cataluña como la comunidad más afectada de España, con el 39% de todas las viviendas ocupadas en venta. En la provincia de Barcelona, el 7,9% de la oferta inmobiliaria está en esta situación, lo que equivale a 6.587 viviendas sin posesión.
Solo en la capital catalana se contabilizan 855 inmuebles ocupados a la venta durante el tercer trimestre, la cifra más alta de todo el país. Le siguen Madrid (776), Sevilla (558), Murcia (427), Málaga (304) y Valencia (200). Estas seis capitales concentran el 69% del total de viviendas ocupadas en venta en España.

En el conjunto catalán, el problema se extiende también a Girona, donde el 8,9% de los pisos en venta están ocupados; Tarragona, con el 8,8%; y Lleida, con el 5,7%. Estos porcentajes superan con creces la media nacional y consolidan a Cataluña como el epicentro del conflicto entre propiedad y ocupación.

Una tendencia que se normaliza

Lo más preocupante, según los expertos, no es solo el volumen de viviendas afectadas, sino la normalización del fenómeno.
Las plataformas inmobiliarias se han visto obligadas a incluir filtros específicos para indicar si un inmueble está “ocupado” o “sin posesión”. Este cambio, que hace unos años habría resultado impensable, muestra cómo el mercado ha terminado por asumir la ocupación como una variable más del negocio inmobiliario.

El resultado es un nuevo segmento de mercado: viviendas rebajadas, inaccesibles y en litigio permanente. Lo que antes se ocultaba, hoy se publicita con descuentos de hasta el 50%, evidenciando la rendición de los propietarios ante la falta de respuestas institucionales.

Desprotección legal y desconfianza creciente

Los datos por provincias refuerzan la idea de un país dividido entre la inacción y la resignación. Además de Barcelona, destacan Sevilla (6,6%), Toledo (5,3%), Huelva (5,1%) y Almería (5,1%) como provincias donde el peso de las viviendas ocupadas en venta supera ampliamente la media nacional.
En Madrid, aunque el porcentaje es menor (2,7%), el número absoluto —más de 1.500 viviendas afectadas— coloca a la región en la parte alta del ranking.

En el extremo opuesto, Soria aparece como la única provincia sin viviendas ocupadas a la venta, seguida de Ourense (0,4%) y Palencia (0,6%).
Pero estos datos, por alentadores que parezcan, no compensan la magnitud del fenómeno en los grandes núcleos urbanos, donde la combinación de precios altos, conflictos sociales y lentitud judicial ha generado un terreno fértil para la ocupación ilegal.

Una sociedad que se resigna

Lo que empezó como un fenómeno marginal ha derivado en una grieta estructural entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad.
El discurso público ha tendido a minimizar la gravedad de la ocupación, presentándola como un problema puntual o exagerado. Sin embargo, las cifras de idealista reflejan una realidad muy distinta: miles de familias honestas se ven forzadas a malvender su patrimonio porque el Estado no les garantiza su recuperación.

Mientras la administración se pierde en debates ideológicos y la justicia tarda meses —cuando no años— en ejecutar un desalojo, el ciudadano de a pie paga el precio. Las aseguradoras elevan primas, los inversores huyen de zonas conflictivas y los pequeños propietarios se sienten abandonados.
El resultado es un mercado inmobiliario distorsionado, donde la incertidumbre se ha convertido en norma.

Reflexión final: la fragilidad del derecho de propiedad

Más allá de los datos, la venta de viviendas ocupadas simboliza el fracaso de un modelo institucional que no protege lo que debería ser inviolable: la propiedad privada.
Cada inmueble ocupado en venta es la prueba tangible de una justicia lenta, de una administración ausente y de un Estado que ha dejado de garantizar la seguridad jurídica de sus ciudadanos.
La pregunta que emerge es inevitable: ¿cómo puede sostenerse un mercado inmobiliario cuando poseer una vivienda no significa realmente ser dueño de ella?

Si la ley no actúa con firmeza y rapidez, la ocupación seguirá creciendo al ritmo del desencanto social. Y mientras el problema se enquista, el mercado se adapta: las viviendas ocupadas en venta ya no son una excepción, sino un reflejo de un país donde la confianza en la justicia ha quedado hipotecada.