España presume de ser una potencia hidráulica, con más de 2.400 presas en explotación y una de las mayores capacidades de regulación de agua del planeta. Sin embargo, detrás de esa cifra se esconde una realidad inquietante: el 75 % de las presas de titularidad estatal no cuenta con un plan de emergencia implantado, y una de cada tres necesita refuerzos estructurales urgentes.
Así lo denunciaron los expertos reunidos en la jornada “Seguridad de las presas españolas: una prioridad inaplazable”, organizada por la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y del Instituto de la Ingeniería de España, celebrada el 21 de octubre en Madrid.
El diagnóstico fue rotundo: España afronta un déficit histórico en la gestión de la seguridad hidráulica, agravado por la falta de inversión, la antigüedad de las infraestructuras y la ausencia de vigilancia técnica continua.
“Las presas no son solo obras de ingeniería, son garantes de vida, abastecimiento y seguridad”, recordó el presidente de la Asociación Caminos, José Trigueros. “No pueden depender de los ciclos presupuestarios ni del azar político”.
Un patrimonio envejecido y sin vigilancia adecuada
Los datos presentados son demoledores: 112 presas —una de cada tres— necesitan refuerzos estructurales, el 65 % debe renovar sus sistemas de auscultación y control, y la mitad presenta desagües de fondo en mal estado.
La edad media del parque hidráulico supera ya los 50 años, con un centenar de presas que rebasan el siglo de antigüedad.
Según la Asociación Caminos, esta situación se traduce en miles de ciudadanos expuestos a riesgos evitables, especialmente en cuencas mediterráneas o en embalses que carecen de protocolos de alerta a la población.
Uno de los casos más alarmantes es el de la presa de Forata (Valencia), gestionada por la Confederación Hidrográfica del Júcar. Durante la DANA de octubre de 2024, la infraestructura estuvo al borde del colapso. Un fallo estructural habría podido liberar una avenida de 20.000 metros cúbicos por segundo, afectando a más de 110.000 habitantes en varios municipios de la Ribera Alta.
A día de hoy, Forata sigue sin plan de emergencia operativo ni sistemas de aviso a la población.
“Este caso simboliza la vulnerabilidad del sistema”, advirtió el ingeniero Jesús Contreras. “El problema no es solo técnico, sino institucional: quien debería controlar es el mismo que gestiona”.
Madrid, una excepción que confirma la regla
En contraste con la dejadez generalizada, la gestión madrileña fue citada como ejemplo de funcionamiento preventivo.
El Canal de Isabel II, responsable de los embalses que abastecen a la Comunidad de Madrid, mantiene un sistema de control técnico permanente y protocolos de emergencia revisados. “Este año, pese a los embalses llenos por las lluvias, el sistema ha funcionado con plena seguridad”, afirmó su CEO, Mariano González.
No obstante, los ingenieros insisten en que ni siquiera los buenos ejemplos regionales compensan la falta de un modelo estatal sólido. El problema de fondo —advirtieron— sigue siendo el mismo: la inexistencia de un organismo independiente que garantice la seguridad de todas las presas públicas de España.
Normas ineficaces y falta de autoridad técnica
El Real Decreto 264/2021, que debía actualizar la normativa de seguridad, se ha convertido en un marco meramente decorativo.
Según el manifiesto presentado por la Asociación de Ingenieros, la norma no tiene carácter vinculante para el 95 % de las presas existentes y se limita a ofrecer recomendaciones sin fuerza legal.
Además, introduce la figura de la “entidad colaboradora” para evaluar la seguridad, lo que, bajo el actual sistema de contratación pública, pone en riesgo la independencia técnica y la calidad del control.
La Asociación Caminos denunció también la pérdida de personal especializado en las confederaciones hidrográficas y en la Dirección General del Agua: menos de la mitad de sus responsables tienen formación técnica adecuada.
Esta carencia —alertaron— fue visible durante la DANA del Levante en 2024, cuando la falta de conocimiento hidrológico en los equipos de emergencia agravó los daños y multiplicó las víctimas.
Presas que se derriban, memoria que se borra
A la dejadez se suma una política incomprensible de demolición de presas históricas al expirar sus concesiones, sin evaluaciones técnicas ni criterios patrimoniales claros.
Ingenieros y colectivos profesionales denuncian que se está eliminando un patrimonio de la ingeniería española, con estructuras que podrían seguir cumpliendo funciones ambientales, energéticas y de prevención de inundaciones.
“Se destruyen obras útiles y se pierde memoria técnica”, lamentan desde la Asociación Caminos. “No es solo una cuestión de agua, es también una cuestión de cultura y de seguridad”.
Un servicio público que se ha dejado de prestar
El manifiesto final, leído al cierre de la jornada, fue una llamada a la responsabilidad colectiva:
“La gestión de la seguridad de las presas debe considerarse un servicio público esencial, continuo y regular, que no puede verse interrumpido por intereses políticos o falta de recursos”.
Entre las medidas urgentes, los ingenieros propusieron:
- Incrementar la inversión en mantenimiento y modernización.
- Implantar todos los planes de emergencia pendientes.
- Crear un Consejo de Seguridad de Presas, con independencia administrativa y capacidad sancionadora.
- Reinstaurar el Servicio de Vigilancia de Presas, con técnicos cualificados.
- Actualizar la normativa incorporando el impacto del cambio climático.
- Suspender la demolición indiscriminada de infraestructuras hasta disponer de estudios rigurosos.
