El pasado miércoles 15 de febrero el Parlamento Europeo aprobó por una amplia mayoría el Acuerdo Económico y Comercio Global con Canadá, más conocido como CETA. El acuerdo entrará ya en vigor de manera provisional una vez haga lo propio el parlamento canadiense sujeto, en todo caso, a la ratificación posterior por todos los Estados miembros.
Ante el apoyo del Parlamento Europeo a este controvertido acuerdo de protección del comercio y la inversión entre la UE y Canadá, Shira Stanton, portavoz de Greenpeace en la UE ha declarado: “A pesar de la votación de hoy, la ratificación del CETA por parte de todos los parlamentos nacionales y regionales en Europa sigue siendo un resultado improbable. Por eso lo peor de esta decisión es la desconexión entre los eurodiputados del Parlamento Europeo y las preocupaciones de la ciudadanía en temas tan relevantes como la calidad de vida, la salud y el medio ambiente. Es un duro golpe contra el corazón de la UE, justo en el momento el que sus principios de solidaridad y cooperación son más necesarios”.
En España, el portavoz de Greenpeace, Miguel Ángel Soto ha comentado que «Que el PSOE haya votado hoy sí al CETA, como ha hecho el bloque conservador, supone un apoyo al desgobierno de la globalización, eliminando las reglas que defienden los derechos y la protección del medio ambiente y dando más poder a las grandes corporaciones».
Mientras se estaba realizando el proceso de firma, Greenpeace ha realizado en Estrasburgo una acción no violenta durante la celebración del pleno del Parlamento Europeo para pedir a los europarlamentarios el rechazo al Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y Canadá, más conocido como CETA. Durante la protesta, 18 activistas han mantenido a flote una estatua de la “Dama de la Justicia”, símbolo de los principios de justicia e igualdad. Los activistas se han manifestado en las heladas aguas que rodean al Parlamento Europeo en Estrasburgo antes de la crucial votación sobre este polémico acuerdo de comercio e inversión entre la UE y Canadá.
La acción de protesta no violenta, llevada a cabo por activistas de Francia y Alemania, ha contado con el apoyo de tres embarcaciones hinchables y varias pancartas en inglés, francés, alemán y holandés en las que se podía leer: “Hundid el CETA, no la Justicia”.
Tanto en Europa como en Canadá, las organizaciones sociales de medio ambiente, de consumidores y de protección de la salud, así como las organizaciones sindicales han advertido que el CETA daría a las corporaciones el poder de demandar a los gobiernos y que amenaza la legislación y las normas que protegen la naturaleza, la salud pública y los derechos sociales.
Shira Stanton, asesora de la política comercial de la UE en Greenpeace, ha declarado que «Apoyar al CETA es seguir el juego del populismo y el extremismo en Europa y Norteamérica. Justo en el momento en el que somos testigos de cómo el nuevo gobierno de los EE.UU. se ha configurado para mayor poder e influencia de las grandes corporaciones y el poder financiero, el CETA amenaza con socavar la democracia y el estado de derecho en Europa, en beneficio de un puñado de multinacionales. Los representantes elegidos de cada país de la UE todavía tienen la oportunidad de poner fin a este acuerdo de comercio tóxico y posicionarse del lado de la gente y el planeta».
Aunque la mayoría de los eurodiputados han aprobado el CETA, existen muchas dudas sobre si este acuerdo podrá sobrevivir a las numerosas votaciones en los parlamentos nacionales y regionales que le esperan antes de su aprobación definitiva. Se espera que el gobierno belga pida al Tribunal de Justicia Europeo que se pronuncie sobre la legalidad del controvertido Sistema Judicial de Inversiones (ICS), un tribunal privado incluido en el CETA y que permite a las empresas multinacionales demandar a los estados, pero no al revés. Si el fallo del Tribunal de Justicia Europeo fuera contrario al ICS bloquearía la aplicación del CETA.
El objetivo de CETA no es sólo eliminar las barreras comerciales de tipo arancelario, sino sobre todo eliminar las diferencias de criterio y de cultura legislativa entre la Unión Europea y Canadá, algo que los defensores del CETA se empeñan en definir eufemísticamente como “barreras no arancelarias” y que califican como obstáculos al comercio y la inversión. Greenpeace advierte que esto pondría en riesgo la protección del medio ambiente, la salud, los derechos labores y la capacidad democrática de defender el bien común, en favor de los intereses de los sectores económicos y financieros.
