Colectivos ecologistas y pescadores se han puesto en contacto con el Defensor del Pueblo para denunciar la suelta de peces de granja en los ríos madrileños y se apliquen criterios científicos y de conservación para recuperar el patrimonio público fluvial.
Diversos colectivos han enviado un informe al Defensor del Pueblo para que intervenga ante la Consejería de Medio Ambiente para garantizar que se lleve una buena gestión en los ríos de la Comunidad de Madrid.
Los colectivos que han llevado a cabo la iniciativa son AEMS-Ríos con Vida, Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”, ARBA (Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono), Ecologistas en Acción, Fundación Nueva Cultura del Agua, GRAMA (Grupo de Acción para el Medio Ambiente), Jarama Vivo, Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo y sus Ríos (Red del Tajo), Red Montañas y Unipesca.
Según estos colectivos, los tramos mejor conservados de los ríos madrileños se siguen utilizando para efectuar sueltas de grandes cantidades de truchas alóctonas, de origen comercial que están contribuyendo a la desaparición de los últimos ejemplares de las truchas salvajes.
Las sueltas de peces vulneran una densa legislación ambiental que prohíbe y previene contra la introducción de especies exóticas que pueden ocasionar graves perjuicios a las especies autóctonas.
Espacios protegidos
En la Comunidad de Madrid hay un total de 13 cotos trucheros, en 11 de los cuales se sueltan todos los años miles de kilos de truchas ajenas a sus aguas (más de 70.000 kgs. en 2011). La mayor parte de estos escenarios forman parte de espacios protegidos, parques regionales, nacionales (Guadarrama), Lugares de Interés Comunitario de la Red Natura 2000, etc., donde están presentes especies protegidas, incluso peces declarados “en peligro de extinción” por la legislación regional.
La suelta de otros ejemplares en los ríos es además muy costoso, ya que en 2012 fueron 313.000 euros los destinados a comprar truchas de granja, lo que contrasta con los 50.000 destinados a la conservación del águila imperial y los 10.000 al halcón peregrino o el buitre negro que se encuentran en peligro de extinción.
Todos estos colectivos solicitan la intervención de la oficina del Defensor del Pueblo para que la Consejería de Medio Ambiente lleve a cabo algunas medidas como poner fin a las sueltas de peces en tramos de cabecera de los ríos, trasladar los cotos intensivos a entornos cerrados y abordar un plan de recuperación fluvial, especialmente de la trucha común salvaje.
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