El Ayuntamiento de Alcobendas ha alzado la voz contra la imposición de una nueva tasa de recogida de basuras, una medida derivada de la Ley 7/2022 que obligaría a los municipios a cubrir el coste total del servicio con una tarifa específica para los ciudadanos
La alcaldesa, Rocío García Alcántara, ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que expresa su rechazo a esta norma, que considera un ataque a la autonomía financiera de los ayuntamientos. En su misiva, la regidora advierte de que esta medida afectaría gravemente a Alcobendas, suponiendo un impacto de 70 millones de euros para el municipio. Desde el consistorio defienden que los ayuntamientos con las cuentas saneadas deberían poder decidir su propio modelo de financiación sin interferencias estatales.
Alcobendas, un modelo de gestión sin deudas
Uno de los argumentos principales del Ayuntamiento es que, a diferencia de otros municipios, Alcobendas ha logrado reducir su deuda municipal a cero. Según los datos oficiales, el consistorio amortizó 21 millones de euros en los últimos 18 meses, lo que ha permitido un ahorro de tres millones en intereses.
Además, el municipio ha mantenido una política fiscal favorable para sus vecinos. Un informe del Instituto de Estudios Económicos situó a Alcobendas como la gran ciudad con menor presión fiscal de la Comunidad de Madrid en 2024. En este contexto, desde el gobierno local consideran injusto que se imponga una nueva tasa que obligaría a los ciudadanos a asumir un coste adicional cuando la gestión financiera municipal ya ha demostrado ser eficiente.
Un rechazo mayoritario en el Pleno
La oposición a la tasa de basuras no es nueva en Alcobendas. El Pleno municipal ya se posicionó en contra de esta medida en su momento, con el respaldo de PP, Vox y Futuro-Cs, mientras que PSOE y Más Madrid votaron a favor. Hace un año, la corporación municipal solicitó formalmente al Gobierno central una revisión de la obligatoriedad de la tasa, pero hasta la fecha no ha habido respuesta ni excepciones a la norma.
A pesar de la entrada en vigor de la ley, Alcobendas ha evitado aplicar la tasa en 2023 y 2024, reafirmando su compromiso de no cargar con más impuestos a los vecinos mientras no sea estrictamente obligatorio. Sin embargo, el próximo 10 de abril de 2025, la normativa podría convertirse en una imposición ineludible si no se produce un cambio en la legislación.
Mutualización de la deuda: ¿una carga extra para Alcobendas?
Junto con su rechazo a la tasa de basuras, la alcaldesa también ha manifestado su preocupación por la intención del Gobierno de España de mutualizar la deuda autonómica, lo que supondría un coste adicional para Alcobendas de 60 millones de euros, equivalente a 483 euros por vecino.
Esta medida consiste en la condonación de la deuda que han acumulado las comunidades autónomas a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y de parte de su deuda bancaria. Desde el consistorio consideran que esto perjudicaría a los municipios que han gestionado bien sus recursos y favorecería a aquellos que han incurrido en un descontrol financiero.
En su carta, la alcaldesa califica esta propuesta de «particularmente injusta», ya que obliga a municipios como Alcobendas, que han aplicado políticas económicas responsables, a asumir la carga de otras administraciones con mayores niveles de endeudamiento.
Un llamamiento a la acción antes del 10 de abril
Ante este escenario, el Ayuntamiento de Alcobendas ha solicitado al Gobierno central que reconsidere su postura y actúe antes del 10 de abril, fecha en la que la normativa obligará a los municipios a aplicar la tasa de basuras. La alcaldesa insiste en que, si no se toman medidas urgentes, la ciudad se verá forzada a cumplir con una ley que considera perjudicial tanto para las cuentas municipales como para los vecinos.
Mientras tanto, el Ayuntamiento sigue apostando por una gestión eficiente y sin imposiciones externas, defendiendo su autonomía fiscal y su modelo económico basado en la estabilidad financiera y la moderación impositiva.
