La Comunidad de Madrid endurecerá el acceso a la vivienda protegida exigiendo 10 años de empadronamiento mínimo en la región y vetando durante cinco años a quienes tengan una condena firme por ocupación ilegal. La nueva normativa, que busca priorizar a los residentes estables y defender la legalidad, entrará en vigor de forma definitiva el próximo mes de julio.
El Gobierno regional de la Comunidad de Madrid ha decidido marcar una línea roja clara en el acceso a los recursos públicos de vivienda. Según el nuevo Reglamento de Vivienda que se está tramitando, cualquier persona que cuente con una sentencia firme por delitos de allanamiento de morada o usurpación quedará automáticamente fuera de las listas de beneficiarios de vivienda protegida. Esta prohibición no será permanente, sino que se aplicará si el delito se cometió en los cinco años anteriores a la solicitud del inmueble.
Con esta medida, el Ejecutivo autonómico pretende enviar un mensaje de firmeza en la protección de la propiedad. Isabel Díaz Ayuso destacó la intención de esta reforma durante un encuentro informativo, señalando la importancia de defender la legalidad vigente pese a las limitaciones de gestión. El objetivo principal es garantizar que el parque público de viviendas se destine a personas que cumplen con las normas de convivencia y el marco legal.
Una década de empadronamiento para solicitar vivienda
Otra de las grandes novedades que afectará directamente a los vecinos es el aumento del tiempo de residencia exigido. A partir de la aprobación de este reglamento, será obligatorio acreditar un empadronamiento en la Comunidad de Madrid de al menos 10 años. Hasta ahora, los plazos eran más cortos, pero la nueva normativa busca dar prioridad a quienes tienen una vinculación más profunda y estable con la región.
Esta decisión se basa en la idea de que los recursos públicos, que son limitados, deben ir destinados preferentemente a aquellos ciudadanos que han contribuido de manera continuada al desarrollo y la economía de la Comunidad. Con este filtro, se espera que las familias y jóvenes que llevan toda su vida, o una parte muy importante de ella, residiendo en los municipios madrileños, tengan más facilidades para encontrar un hogar asequible frente a solicitantes recién llegados.
Declaraciones oficiales y objetivos de la reforma
La presidenta regional ha sido clara respecto a la motivación detrás de estos cambios, subrayando que la lucha contra la ocupación sigue siendo una prioridad de su agenda política. Durante su intervención en el Nueva Economía Fórum, Ayuso afirmó: «Vamos a seguir reforzando nuestra lucha contra la ocupación a pesar de tener unas competencias limitadas».
El cambio normativo no solo busca sancionar conductas ilegales, sino también modernizar un marco legal que se considera anticuado. Se busca que las políticas públicas de vivienda sean más eficaces y que la administración tenga herramientas más ágiles para gestionar las solicitudes, reforzando siempre la defensa de la legalidad en el acceso a los bienes públicos.
Calendario y trámites para la entrada en vigor
El nuevo reglamento no es todavía una realidad inmediata, ya que se encuentra en fase de tramitación administrativa. No obstante, los plazos están ya definidos. Actualmente, el texto se someterá a un periodo de audiencia e información pública, donde se podrán revisar los detalles técnicos antes de su redacción final.
Si se cumplen las previsiones del Gobierno regional, la aprobación definitiva se producirá en el mes de julio de 2026. A partir de ese momento, todos los nuevos procesos de adjudicación y las listas de espera deberán regirse por estos nuevos criterios de antigüedad en el padrón y ausencia de antecedentes por ocupación.
Situación actual de la vivienda protegida en Madrid
A pesar de las nuevas restricciones, la Comunidad de Madrid defiende su posición como la región española con mayor actividad en la construcción de vivienda protegida. Gran parte de este volumen se debe al Plan VIVE, un proyecto de alquiler que cuenta actualmente con 14.000 viviendas en diferentes fases de ejecución.
De ese total, la administración ya ha hecho entrega de 5.175 llaves a sus inquilinos. Además, se espera que en los próximos meses finalicen las obras de otras 3.200 viviendas, mientras que 3.400 inmuebles pertenecientes al Plan Solución Joven están en proceso de licitación para comenzar su construcción próximamente.
